Si bien el Estado cubano “libró” ante la justicia británica, el ya desaparecido Banco Nacional de Cuba (BNC) no corrió igual suerte, pues la jueza Sara Cockerill sentenció que el fondo de capital de riesgo CRF I Limited adquirió de manera legítima una deuda impagada de la referida institución financiera, que dejó de existir en 1997.
CRF, el mayor acreedor privado de Cuba, con sede en las británicas Islas Caimán, presentó una demanda en Londres contra el BNC y el Estado cubano por decenas de millones de dólares en deuda soberana.
La Habana insiste en considerarlo un fondo “buitre”, como son denominados aquellos que adquieren deuda perjudicada a precio de remate y buscan recuperarla en los tribunales con intereses. Por eso la parte cubana basó su defensa en que la deuda había sido adquirida de forma ilegítima, mediante sobornos.
Cockerill, magistrada de la Alta Corte de Londres, reconoció que el BCN ya no representa al Estado cubano, pues su papel lo desempeña el Banco Central de Cuba desde su creación en 1997, pero consideró que CRF adquirió legítimamente los derechos de dicha deuda y por lo tanto tiene capacidad para reclamar su pago a esa entidad.
CRF compró los derechos de la deuda a su anterior propietario, el banco de inversiones chino ICBC Standard Bank, con el visto bueno del BNC. La jueza estimó que, aunque el BNC «carecía de capacidad para consentir en nombre de Cuba», “consintió en nombre propio» a la cesión de la deuda entre las dos entidades y, por ende, es válida la transferencia.
Tras resolver esa cuestión, la magistrada se declaró «competente para juzgar las reclamaciones de deuda aquí presentadas» y podrá entrar en el fondo de la demanda en una fecha aún por determinar, una decisión que puede ser recurrida.
CRF adquirió gradualmente una deuda soberana cubana de unos 1.300 millones de dólares, de los cuales ahora reclama unos 78 millones de dólares en préstamos contraídos por el BNC en 1984 con los bancos europeos Crédit Lyonnais Bank Nederland e Istituto Bancario Italiano.
Las autoridades cubanas aseguraron que CRF sobornó al entonces director de operaciones del BNC, Raúl Eugenio Olivera Lozano, que fue sancionado penalmente, para que aprobase la cesión de forma ilegal. Olivera testificó en la audiencia mediante una videoconferencia desde la cárcel cubana donde cumple 13 años de prisión por cohecho, y declaró que CRF le prometió 25.000 libras (31.000 dólares) por realizar la operación ilícita, lo cual ha negado el mencionado fondo.
