Según reporte de Diario de Cuba en Villa Clara, Cuba, la Fiscalía ha solicitado cadena perpetua para Gilberto Hernández, el sujeto que ha sido acusado de asesinar a Yeniset Pérez Rojas, una joven madre cubana en el año 2022.
Yeniset, de 33 años, desapareció en marzo de 2022 cuando regresaba a casa tras su jornada laboral. Su cuerpo fue encontrado meses después, y Hernández, que estaba en libertad condicional por delitos similares, fue arrestado.
El dramaturgo Yerandy Fleites, hermano de la víctima, ha denunciado la falta de transparencia y comunicación de las autoridades durante la investigación, que incluye además una ineficiencia soberbia a partir de la desaparición de Yeniset.
Según varias personas conocedoras del caso, si las autoridades cubanas hubiesen revisado casa por casa en el pequeño poblado, en el tramo que se conocía había desaparecido – la calle que utilizaba para ir del trabajo a la casa – hoy Yeniset estuviese viva.
Sin embargo, en el banquillo solo está su victimario y no el Estado feminicida, que actua de manera ineficiente de la I a la E, y que es responsable en grandísima medida de los feminicidios en Cuba.
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El juicio contra Hernández se llevó a cabo el 26 de abril en Santa Clara y la sentencia se espera dentro de los próximos 20 días. Sin embargo, la falta de protocolos claros para castigar a los feminicidas en Cuba ha generado desconfianza en la capacidad del sistema para impartir justicia de manera efectiva.
Este caso ha reavivado el debate sobre la eficacia del sistema judicial cubano, especialmente en lo que respecta a la violencia de género, pero no es un caso aislado de ineficiencia dentro de la justicia cubana.
Otros incidentes recientes subrayan la persistente impunidad y los desafíos que enfrentan las víctimas de la violencia en Cuba. Mujeres que han debido salir a las redes sociales a denunciar a ex parejas que las acosan y amenazan de muerte, son un triste testimonio de esto. La primera víctima de feminicidio de este año murió a manos de un sujeto que estaba en la calle esperando juicio por lesiones. La cuarta víctima del año, mujer, había ido días antes a la policía de su poblado a denunciar a quien, horas después, la asesinó en plena calle, delante de su hijo, mientras este era llevado a la escuela.
Ahora tenemos además los casos de Dineidis Llópiz Hernández, madre de Rafael Montero Llópiz, asesinado en Santiago de Cuba, quien también ha tenido que recurrir a las redes sociales para pedir justicia. Sus palabras fueron reseñadas por el periodista independiente Yosmany Mayeta en una publicación hecha en Facebook.
Su hijo fue apuñalado en marzo durante una discusión, y a pesar de la gravedad del delito, los presuntos asesinos aún no han sido detenidos de manera efectiva.
Además, en Artemisa, la familia de un hombre brutalmente asaltado y herido se enfrenta a una larga espera por el juicio del agresor, quien también se encuentra libre. Presuntamente por ser un revolucionario intachable, que hasta presidente de su CDR era.
El juicio contra Reynerio Griñán Matute puede tardar hasta dos años, una demora que la familia considera injusta comparada con otros delitos menores que resultan en arrestos inmediatos.
Estos casos ilustran una realidad dolorosa: la justicia en Cuba parece ser coja, especialmente cuando se trata de proteger a las víctimas de la violencia y asegurar que los perpetradores sean adecuadamente procesados y castigados. La sociedad civil y las familias de las víctimas continúan luchando por una justicia que frecuentemente parece estar fuera de su alcance, pidiendo reformas y una respuesta más eficaz y transparente por parte de las autoridades.
El caso de Yeniset y muchos otros similares permanecen en la memoria colectiva, recordando la urgente necesidad de fortalecer el sistema judicial en Cuba para que la justicia no solo se dicte, sino que se implemente de manera efectiva y justa.
Coja, pero a conveniencia
Para lo que sí no está coja y anda bien rápida la justicia en la isla es para amenazar e intentar sofocar bajo amenazas y con todos los medios posibles a su alcance, a las personas que se encuentran al borde del desespero, especialmente las madres, que ya no hayan qué darle de comer a sus hijos y han salido a la calle a manifestarse. Especialmente aquellas que dieron la pasada semana sendos plantones frente a casa del gobernante cubano Mario Díaz-Canel.
Estas madres cubanas, acusadas de reclamar sus derechos fundamentales, enfrentan la amenaza de cárcel por manifestarse en busca de un hogar digno y condiciones de vida justas; y a no dudarlo, si las detuvieran, serían juzgadas ipso facto, pues al régimen les interesa, y mucho, sofocar a cómo de lugar estos focos «revoltosos».
Nidia Noriega Rodríguez, madre de cinco hijos y residente de albergues durante más de 15 años, es una de las varias mujeres citadas por la Seguridad del Estado y advertidas de posibles penas de prisión de uno a tres años si persistían en sus reclamos, según señala Martí Noticias.
Las autoridades cubanas, explica el medio, intentaron disfrazar la intimidación como una «charla educativa», pero las implicaciones fueron claras: cesar las protestas o enfrentar acciones legales.
Otras manifestantes, como Lisbet Ferrer Bango y Estanys de la Caridad Rodríguez Aldama, quienes han luchado por sus derechos básicos frente a la adversidad gubernamental, son de las que junto a Nilda Noriega simbolizan la lucha continua por la justicia y la equidad en Cuba.
La situación de estas mujeres es un claro recordatorio de las prioridades distorsionadas del gobierno cubano, que prefiere silenciar la desesperación y la disidencia en lugar de abordar las causas fundamentales de la pobreza y la injusticia en la isla.
En un país donde las necesidades básicas son cada vez más difíciles de satisfacer y las libertades civiles están severamente restringidas, la resolución y el coraje de estas madres por luchar por un futuro mejor para sus hijos resuenan como un llamado a la acción y un desafío a la complacencia gubernamental.
Esta reacción del gobierno y su dizque justicia revolucionaria contrasta fuertemente con su trato a casos graves como el de Gilberto Hernández, acusado del asesinato de Yeniset Pérez Rojas en Villa Clara. Aunque la fiscalía ha solicitado cadena perpetua para Hernández, el sistema judicial muestra su ineficacia y falta de transparencia, especialmente en casos de violencia de género.
El juicio de Hernández, que se llevó a cabo sin la debida comunicación a la familia de la víctima y en medio de un sistema que carece de protocolos claros para los feminicidios, resalta la paradoja de una justicia que es selectivamente eficiente. Se actúa con rapidez cuando se trata de suprimir la disidencia o las demandas sociales, pero se muestra coja e ineficiente cuando es hora de brindar justicia real a las víctimas de crímenes graves.
