El modus operandi era sencillo: alguien firmaba como recibido en un comedor, se pagaba, pero en realidad no era consumido por el pueblo, sino por los cerdos en una cochiquera
En un escándalo que amenaza sacudir al menos a la provincia de Sancti Spíritus, en Cuba, el diario oficialista Escambray reveló en una extensa nota periodística que miles de litros de yogur de soya destinados inicialmente al consumo humano fueron desviados para alimentar cerdos, revelando un profundo descontrol administrativo y corrupción en la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza. Este caso, que incluyó yogur en bolsa y a granel, fue llevado a juicio en la causa 35 del 2022 del Tribunal Municipal Popular de Sancti Spíritus, involucrando a ocho acusados, siete de ellos empleados de la empresa láctea.
El centro de la trama fue el director de la Unidad Empresarial de Base Aseguramiento y Servicios, quien, aprovechando una resolución empresarial, desvió grandes cantidades de yogur para su beneficio y el de terceros, destinándolo al consumo animal. La falsificación de documentos y la complicidad de varios empleados facilitaron este acto corrupto. Los inspectores de la Dirección Estatal de Comercio de Sancti Spíritus desenmascararon la operación al detectar irregularidades en las transferencias de yogur.
El proceso judicial reveló un patrón de malversación y descontrol administrativo, con transferencias ficticias de yogur desde la nevera de la Pasteurizadora a varios comedores, sin que el producto llegara realmente a su destino. Este descontrol se extendió durante meses, con implicaciones que iban más allá de la pérdida económica, afectando la confianza y el bienestar social, especialmente durante la pandemia de COVID-19.
Las sentencias dictadas reflejaron la gravedad del caso: el director de la UEB Aseguramiento y Servicios recibió seis años de prisión y la confiscación de 19 cerdos; otros implicados también enfrentaron penas de prisión. El caso puso de manifiesto la necesidad de una supervisión y fiscalización más estrictas, así como la importancia de mantener los valores éticos y seguir los procedimientos y regulaciones establecidos.
Este incidente no solo representó una pérdida económica significativa para la empresa y la provincia, sino que también destacó la lesividad social de estos actos corruptos, en un momento en que el país enfrentaba desafíos significativos debido a la pandemia; sobre todo en el complejo panorama de alimentar al pueblo, especialmente a los menores de edad.
La respuesta de la empresa, dice Escambray, incluyó fortalecer los departamentos clave y mejorar los controles internos, aunque persisten desafíos para asegurar la integridad en la gestión de los recursos. Aunque esas promesas, a cada rato salen a la luz pública cuando escándalos similares a este con la alimentación han tenido lugar.
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