Cuba recibirá el 2024 con 1062 presos políticos en sus cárceles. Este número, mantenido constante desde noviembre de 2023, refleja la situación actual de los derechos humanos en la isla.
Según Prisoners Defenders, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, Cuba ha mantenido un promedio represivo de 15 nuevos presos políticos al mes desde 2022, lo que podría demostrar una creciente animadversión de la población hacia el gobierno.
Paradójicamente, mientras se mantiene esta situación interna, Cuba ha ratificado su compromiso con el enfrentamiento a la corrupción en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CoSP10).
La delegación cubana, encabezada por la contralora general de la República, Gladys Bejerano Portela, ha destacado la importancia de abordar las causas estructurales de la corrupción, involucrando a todos los actores de la sociedad, incluyendo la sociedad civil, la academia, los sindicatos y la población, señala el portal oficialista Juventud Rebelde que obvia las causas y las fuentes de buena parte de esa corrupción.
Este compromiso contrasta con la realidad de los presos políticos en la isla, donde la represión y la falta de libertades fundamentales siguen siendo una preocupación constante, en medio de denuncias a condenas establecidas por jueces, donde se alega que han obrado muy por encima del respeto a las leyes y a la constitución. La multa impuesta a la destacada intelectual Alina Bárbara López Hernández es tal vez la manifestación más reciente.
La situación de los derechos humanos en Cuba, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión, sigue siendo un tema de debate y preocupación en el ámbito internacional.
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