La situación expuesta en el informe de Prisoners Defenders resalta la continua represión y las difíciles condiciones enfrentadas por los disidentes políticos en Cuba, presos o no, y sus familiares
La creciente crisis en Cuba ha llevado a un aumento de las protestas ciudadanas, la que a su vez ha provocado como respuesta de las autoridades una mayor represión. Debido a eso, señala Prisoners Defenders en su más reciente informe, el número de presos políticos ha aumentado en la isla, alcanzando un total de 1.052 a finales de septiembre de 2023.
Estos detenidos y sus familias, resalta PD, enfrentan torturas y persecuciones en un clima de creciente terror estatal, exacerbado por el silencio internacional y las sospechas de la participación del gobierno cubano en conflictos globales, como la invasión de Ucrania.
La persecución no involucra únicamente a los que disienten y protestan, sino que también se extiende a sus familias, utilizando tácticas que incluyen despidos injustificados, expulsiones escolares y universitarias, y acoso psicológico.
El informe señala como ejemplo el caso de Ailex Marcano Fabelo, madre de un preso de conciencia, que ha enfrentado detenciones y amenazas por defender a su hijo.
Ha habido, resalta PD, casos extremos, en que incluso niños han sido interrogados y separados de sus padres, como en el caso de la hija de 13 años de la presa de conciencia Gloria María López Valle.
El artículo resalta que la represión no se limita a activistas o políticos, sino que también afecta a civiles sin afiliaciones políticas; e indica que la situación se ha deteriorado significativamente desde julio de 2021, con un promedio de 17 nuevos presos políticos por mes desde marzo de 2023, un aumento significativo en comparación con los años anteriores.
El informe subraya la gravedad de la tortura en las prisiones cubanas, especialmente hacia grupos vulnerables como menores, mujeres y la comunidad LGTBI; y se menciona que el 80% de los presos políticos sufren múltiples formas de tortura.
A pesar de la presentación de estos hallazgos a organismos internacionales, la respuesta internacional ha sido insuficiente, especialmente de la Unión Europea y su vocero, el español Josep Borrell, dejando al pueblo cubano en un estado de indefensión total.
Coincidente con la publicación de este informe se conoció que Andy García, un preso político detenido por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba, ha iniciado una huelga de hambre. García, que previamente había sido condenado a cuatro años de prisión y luego trasladado a un régimen de detención más laxo, fue posteriormente reubicado en un campamento de trabajo forzado y luego nuevamente encarcelado.
Así lo reveló su familia, a salvo y de todos los castigos y amenazas del régimen en Alemania, país en el que hicieron escala, durante un vuelo programado a Serbia para escapar de la isla, y donde solicitaron a las autoridades Asilo Político.
La familia de García, que a pesar de estar ya fuera de Cuba no ha dejado de enfrentar acoso y amenazas por parte del régimen cubano y sus acólitos, que están esparcidos por el mundo cibernético y geográfico, señala que no se les ha permitido el contacto con él.
Su madre, Tahirí Lorenzo Prado, ha protestado públicamente por la situación de su hijo y ha responsabilizado a la Seguridad del Estado por su integridad física.
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