Malversación

Los análisis y resultados de estas auditorías han sido presentados a los directivos del Ministerio del Comercio Interior (Mincin), a los gobiernos provinciales y municipales, y a las empresas y entidades de base. Se han impuesto sanciones que varían entre dos y 22 años de privación de libertad, dependiendo de la responsabilidad en los hechos probados.

Este caso se convirtió en un símbolo del desprestigio social y la corrupción, contrastando marcadamente con los esfuerzos simultáneos del país en la lucha contra la COVID-19.