Un tribunal penal en Santiago de Cuba dictó sentencias de entre 10 y 15 años de prisión contra tres personas que participaron en un esquema de desvío de fondos públicos. El caso involucra a funcionarios que aprovecharon la aprobación de un crédito bancario destinado a una unidad de la Empresa de Conservas de Vegetales para canalizar millones de pesos hacia cuentas personales.
Según la sentencia, los implicados ejecutaron cuatro transferencias bancarias fraudulentas que sumaron más de cinco millones de pesos. De ese monto, casi cuatro millones fueron repartidos directamente entre los acusados.
La contadora de la entidad estatal recibió la pena más alta, mientras que el jefe del área contable fue sentenciado a 14 años. Una tercera acusada, que prestó su cuenta bancaria para recibir los fondos desviados, obtuvo una condena de 10 años.
Parte del dinero sustraído fue utilizado para comprar divisas en el mercado informal, lo que derivó en una sanción adicional por tráfico ilegal de moneda contra un cuarto involucrado, quien recibió una multa económica.
Un patrón que se repite en las empresas del Estado cubano
Este caso no es un hecho aislado. Las autoridades cubanas han reconocido que la corrupción dentro de las empresas estatales constituye un problema estructural. En 2025 se lanzó una campaña oficial contra estos delitos, con advertencias de penas que pueden alcanzar los veinte años de cárcel.
Santiago de Cuba ya había protagonizado un escándalo significativo en 2024, cuando decenas de personas fueron detenidas por desviar productos básicos desde un puerto hacia mercados informales, causando pérdidas millonarias.
A escala nacional, el caso más sonado de 2026 sigue siendo la condena a cadena perpetua de un exministro de Economía por una combinación de delitos graves que incluían malversación y lavado de activos.
En otra provincia, funcionarios de una empresa agropecuaria también enfrentaron sanciones por negligencia y desvío de recursos que generaron pérdidas valoradas en decenas de millones de pesos.
Sanciones accesorias y posibilidad de apelación
Además de las penas de prisión, los tres principales condenados en este caso enfrentan restricciones adicionales: se les prohíbe salir del país y se les retiran derechos públicos. Dos de ellos quedaron inhabilitados para ocupar cargos relacionados con la gestión económica. El tribunal también ordenó que los sentenciados devuelvan la totalidad de los fondos sustraídos a la entidad afectada.
La sentencia, dictada este domingo, aún puede ser impugnada tanto por los condenados como por la fiscalía a través de los recursos legales establecidos.
El desenlace de este proceso refuerza la percepción de que, aunque las autoridades cubanas intensifican las acciones judiciales, la corrupción en el aparato empresarial del Estado sigue siendo un fenómeno extendido y difícil de erradicar.
