La sustracción de aceite dieléctrico de equipos eléctricos se ha convertido en un problema creciente en Cuba. El caso más reciente ocurrió en Jagüey Grande, provincia de Matanzas, donde el robo en una subestación dejó sin servicio eléctrico a miles de personas, incluidos centros de salud de la localidad. Las autoridades ya detuvieron a un sospechoso.
Qué ocurrió en la subestación de Jagüey Grande
Según informó la página de Facebook «Con todos la victoria», durante la madrugada de días recientes un individuo ingresó a la subestación de 33 kilovoltios ubicada junto al vivero forestal, cerca de la salida de la autopista en la zona de Jagüey Grande. Una vez dentro, forzó el transformador y extrajo varios litros de aceite dieléctrico, un líquido refrigerante indispensable para que el equipo funcione con seguridad.
El resultado fue inmediato: 4.429 viviendas perdieron el suministro eléctrico. También quedaron afectados el hospital local, un policlínico y el centro de higiene del municipio. Los técnicos tuvieron que reconectar la zona a otro circuito para restablecer un servicio mínimo, una maniobra que evidencia la fragilidad de la red eléctrica cuando pierde un componente esencial.
Detención del sospechoso y pruebas en su domicilio
Las investigaciones policiales condujeron hasta la vivienda de José Antonio Dorticós Zamora. De acuerdo con la misma fuente, en su domicilio se hallaron botas de goma y prendas de vestir impregnadas con el aceite sustraído, evidencia que lo vinculó de forma directa con el hecho. Ante las pruebas, el hombre habría reconocido su participación.
El caso fue remitido a los tribunales, donde se determinará la sanción correspondiente. Este tipo de delito no es un hurto menor: al dejar fuera de servicio infraestructura energética, afecta la vida cotidiana de miles de personas y pone en riesgo la atención médica en instalaciones que dependen de electricidad constante.
Consecuencias legales: el delito de sabotaje en Cuba
Estos hechos se enmarcan en el delito de sabotaje previsto en el artículo 125 de la Ley 151, el Código Penal vigente desde mayo de 2022. Esa norma contempla penas de entre siete y quince años de privación de libertad para quien destruya, altere o dañe instalaciones destinadas a garantizar las fuentes energéticas y la transmisión de energía, entre otras infraestructuras consideradas críticas.
La severidad de la pena refleja la gravedad del impacto. Un transformador sin aceite dieléctrico puede sobrecalentarse, sufrir daños irreversibles o incluso provocar incendios. Además, reponer ese tipo de insumo resulta especialmente difícil en las condiciones económicas actuales del país, lo que prolonga los cortes de servicio y multiplica las molestias para la población.
El robo de aceite dieléctrico no es un caso aislado; se ha reportado con frecuencia en varias provincias cubanas durante los últimos meses. Cada incidente agrava una crisis eléctrica que ya genera malestar generalizado. Para las autoridades, endurecer la respuesta judicial parece ser la principal estrategia disuasoria; para los ciudadanos, cada transformador saboteado significa horas (o días) sin electricidad en hogares, escuelas y hospitales.
