En La Habana, Cuba, un tribunal provincial ha sancionado a 203 trabajadores del sector del Comercio Interior (Mincin) con penas de prisión que varían entre dos y 22 años, según su nivel de involucramiento en delitos como malversación, cohecho, falsificación de documentos, sustracción y daños de documentos u otros objetos en custodia oficial, y violación de sellos oficiales. Estas sanciones son el resultado de una serie de auditorías realizadas por el Ministerio del Interior en diversas empresas provinciales de Elaboración de Alimentos y Gastronomía de La Habana, así como en sus unidades básicas en diferentes municipios de la capital.
Las auditorías también se extendieron a empresas subordinadas al Grupo Empresarial de Alimentos, atendido por el Mincin, incluyendo la Mayorista de Mercado Paralelo y la de Tabacos, Cigarros y Fósforos.
La Contraloría General de la República calificó de “malo” el sistema de control interno implementado en estas estructuras del Ministerio de Comercio Interior, donde se produjeron afectaciones millonarias al erario público.
Según reseña el diario oficialista Granma, uno de los modus operandi detectados incluyó la apropiación de grandes sumas de dinero mediante la falsificación de slips bancarios no emitidos por el banco, para ocultar la sustracción de recursos financieros provenientes de las ventas. Estos hechos afectaron el cumplimiento de programas y servicios a la población, generaron desabastecimiento en las ofertas al consumidor y enriquecimiento indebido.
Esta revelación de corrupción en La Habana ocurre en un contexto de crisis alimentaria en Cuba, donde el régimen ha reconocido la escasez de alimentos básicos como el pan, debido a la falta de harina de trigo.
El descontrol genera ilegalidades y corrupción en Cuba
El reciente informe dado a conocer por la Contraloría ha revelado una preocupante tendencia de ilegalidades y corrupción en el sector del comercio y la gastronomía, atribuida principalmente al descontrol administrativo y contable. Este fenómeno ha generado una serie de consecuencias negativas, incluyendo la falta de liquidez en las empresas, afectando su capacidad para cumplir con los pagos a proveedores y contribuir a los presupuestos territoriales. Este problema ha llevado a un desabastecimiento en las ofertas al consumidor y a un enriquecimiento indebido de ciertos individuos.
La Contraloría General de la República (CGR) y el Sistema de Auditoría Interna han identificado varios modos de operar que han contribuido a esta situación. Entre ellos, se destaca la superficialidad en la selección de personal para puestos clave, la negligencia en la custodia de recursos, y la falta de transparencia y efectividad en las acciones de control. Además, se ha observado una pérdida de valores éticos y morales en directivos, especialistas y trabajadores involucrados.
Las auditorías forenses realizadas han expuesto el desvío de efectivo y productos, considerados delitos y actos de corrupción administrativa. Como resultado, se han aplicado 383 medidas disciplinarias, de las cuales el 44% resultaron en separaciones definitivas del sector, 42% en separaciones definitivas de la entidad y 9.6% en demociones definitivas del cargo, identificándose así responsabilidades administrativas, directas y colaterales de distintos grados. Los presuntos hechos delictivos han sido presentados a los órganos de instrucción del Ministerio del Interior (Minint) para los procesos penales correspondientes.
Este escenario exige una mayor exigencia a las direcciones administrativas para corregir estas desviaciones y delitos.
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