falsificación de documentos

La congresista pidió a quienes tienen un documento I-220A que no permitan que un estafador destruya su futuro.

Los análisis y resultados de estas auditorías han sido presentados a los directivos del Ministerio del Comercio Interior (Mincin), a los gobiernos provinciales y municipales, y a las empresas y entidades de base. Se han impuesto sanciones que varían entre dos y 22 años de privación de libertad, dependiendo de la responsabilidad en los hechos probados.

La decisión se tomó luego de que el abogado defensor, Michael Hemmings, presentara una moción para desechar el caso.