El doctor cubano William Pérez, uno de los cinco médicos condenados por homicidio por imprudencia tras la muerte de un paciente en diciembre de 2021 en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, en la provincia de Granma, afirmó que ni sus compañeros ni él son “asesinos” “ni nos pueden juzgar como tal”.
De acuerdo con lo que subrayó el especialista en primer grado de Cirugía General en exclusiva al periodista Ernesto Morales, se sintió “desprotegido desde el punto de vista legal” tras haber sido juzgado por “personas que no tienen la capacidad médica necesaria”.
Según expresó el joven de 27 años al revelar las irregularidades que existieron en el juicio oral por negligencia, que tuvo lugar a finales de noviembre pasado, “teníamos que haber sido juzgados por personas con alto nivel científico”.
“Lo más triste es que quedamos a disposición de las mismas personas que, de una manera bastante agresiva, nos llevaron a juicio sin ningún elemento. A las mismas que se equivocaron y que obraron con tanta indolencia contra nosotros”, dijo haciendo alusión a las autoridades de Salud de Granma, que “no pudieron demostrar nada” y algunas “ni sabían lo que estaban hablando”.
“No podía creer que llevaba dos años siendo investigado. Fue bastante doloroso tener que hacer una residencia tan fuerte como la de Cirugía General en medio de todas estas circunstancias”, acotó Pérez, que cuando ocurrieron los hechos era residente de tercer año.
Tras ser sentenciado definitivamente a un año de prisión domiciliaria y quedar a disposición de la Dirección Provincial de Salud, precisó que los acusados podrán “ejercer como médicos, pero no como cirujanos”.
“Me indigna que alguien crea que nos confabularamos como una secta de bandidos para que el desenlace de un paciente fuera la muerte. Nunca lo voy a aceptar”, agregó Pérez, que reconoció que “el impacto psicológico ha sido muy grande para nosotros”.
Sin violar ningún protocolo
El doctor recalcó que el paciente, que “había tenido un accidente de moto y que lamentablemente murió 48 horas después de llegar al hospital”, “estaba estable hemodinámicamente”.
“Nunca estuvo inestable en la sala, sino que (su condición) cambió dentro del salón de operaciones. No violamos ningún protocolo en ningún momento”, señaló sobre el paciente, quien “llegó en horario de la mañana”, y luego “se clasificó y se puso en observación, como está establecido”.
Durante el juicio celebrado en el Tribunal Provincial de Bayamo, Pérez declaró que no había tenido que ver con la recepción y la supuesta clasificación “inadecuada” del paciente, que tuvo a su cargo el doctor Ristian Solano Ortiz, que era el jefe de la estancia de Cirugía ese día y a quien dieron la condena más larga: de tres años.
No obstante, dejó claro que “inicialmente” no había evidencia para creer que se trataba de un paciente politraumatizado, es decir, que tenía “dos o más lesiones graves en dos o más sistemas que interaccionan fisiopatológicamente”, lo que provocaba “una inestabilidad hemodinámica” y ponía “en peligro su vida”.
Asimismo, puntualizó que su rol en la cirugía que se llevó a cabo era la de instrumentista, o sea, que debía contar las compresas y el instrumental, y armar la bandeja quirúrgica, para que “mis compañeros pudieran acceder adecuadamente a la cavidad abdominal y corregir el problema intraabdominal”.
“Como instrumentista en un salón de operaciones no era mi función estar pendiente, percatarme o tomar acciones quirúrgicas con respecto a lo que se estaba realizando”, explicó.
Investigados por los expertos equivocados
Para Pérez no hay dudas de que la doctora Ingrid Puerto Mateo, encargada de la comisión investigadora del caso, que compareció en el juicio, “no recibió asesoría de ninguna persona que científicamente estuviera capacitada para juzgarnos”.
“Me pregunto sobre qué base esta comisión tomó una decisión sin contar con el criterio de personas científicamente competentes”, cuestionó sobre el hecho de que especialistas en Medicina General Integral decidieran sobre el futuro de “especialistas que se dedican a la Cirugía General”.
“No es este tipo de experto el capacitado para determinar si se obró bien o mal”, apuntó sobre quienes llegaron a una conclusión “a partir de lo que ellos consideran que habría estado bien y que nosotros dejamos de hacer”.
Aunque Puerto Mateo consultó a las doctoras Daimir Ricardo Martínez, especialista en primer y segundo grado de Cirugía General, y Miriam Guardia, especialista en Medicina Legal, que fue quien realizó la necropsia,“no existe evidencia física de que dijeran algo ni en contra ni a favor de nosotros”. “En ningún momento dijeron que se hubiera obrado mal o con negligencia”, comentó.
Pérez también expuso que al juicio asistieron dos peritos, cuando debían haber sido un número impar, que no fueron los mismos que estaban en la lista oficial planteada inicialmente por la Fiscalía, y desconocían los hechos.
La falta de recursos médicos
En diciembre de 2023, el urólogo Aldo Luis Zamora Varona, quien trabaja en el mismo hospital, denunció que la ausencia de recursos médicos habría sido la causa de la muerte del paciente.
La falta de instrumentos vitales como pinzas para controlar hemorragias y suturas no reabsorbibles complicó significativamente la cirugía, reveló Zamora Varona.
El médico destacó que solo pudo completar la operación que en un inicio salvó la vida del joven, gracias a que él recordó que en su maletín guardaba el hilo de sutura reabsorbible.
Los médicos acusados, que al principio fueron seis, habían recibido una sanción administrativa correspondiente a seis meses sin poder ejercer en el citado hospital, pero el caso salió a la luz nuevamente tras una denuncia y fueron enjuiciados bajo los cargos de “presunta responsabilidad penal”.
