Cuba está experimentando un aumento de los delitos violentos, lo que alarma a sus ciudadanos y desafía la narrativa del gobierno, señala en una nota publicada por el diario Miami Herald la periodista cubana Nora Gámez.
En la nota publicada, se alude entre otros ejemplos al asesinato de un maestro de escuela para robarle su motocicleta – se refiere a la muerte del profesor Santiago Morgao en la provincia de Sancti Spíritus – y al ataque con machete a los padres de un sacerdote, hechos que, señala Gámez, se han vuelto cada vez más comunes dentro de la isla.
El texto agradece que los medios independientes y las redes sociales estén desempeñando un papel crucial a la hora de sacar a la luz estas historias, pues existe dentro de la isla un estricto control por parte del gobierno sobre este tipo de información, que a menudo la califican como «amarillista», o en ocasiones especialmente «sensibles».
La cruda realidad es que al gobierno de la isla no le interesa para nada que una «prensa alternativa», provenga de donde provenga, escriba textos que desmitifiquen «el paraíso cubano», y hasta han endurecido las sanciones contra las personas que, dentro del país, contribuyen a la divulgación mediante correos, chats, llamadas telefónicas, e incluso con la publicación en las redes sociales, de hechos que afecten la imagen del país. El nuevo Código Penal aprobado a espaldas del voto popular hasta permite juzgar como «mercenario» a quien colabore en la divulgación de este tipo de «noticias».
No pocas veces, dice Gámez en su nota, el gobierno cubano descarta la noción de una ola de crímenes, calificándolas como «noticias falsas», culpando a Estados Unidos de difundir información errónea para crear disturbios.
Las estadísticas oficiales sobre delincuencia no se hacen públicas, lo que dificulta evaluar el verdadero alcance del problema. Sin embargo, los datos del Ministerio de Salud Pública de Cuba indicaron un aumento del 22% en los homicidios en 2021 en comparación con 2020. Otras cifras sugieren que el número real de homicidios podría ser incluso mayor que el reportado.
El aumento de los feminicidios como parte de un aumento más amplio de la violencia en Cuba, exacerbado por las dificultades económicas y el malestar social.
No está claro qué parte, dentro de la tasa de homicidios, corresponde a los llamados femenicidios que, en otra nota publicada por el Herald, son abordados por la periodista cubana Carla Colomé Santiago.
En el texto, titulado «Nos están matando», Colomé Santiago coincide en la tésis del ocultamiento noticioso por parte del régimen, que esboza en su nota Nora Gámez, y también en el auge de la violencia, en este caso feminicida – asesinatos – dentro de la isla, a la cual hace referencia la segunda en su nota sobre «el auge de la delincuencia en la isla».
Colomé Santiago señala cómo la cuestión del feminicidio, el asesinato de mujeres específicamente por ser mujeres, está aumentando de manera alarmante en la isla, y cita los reportes de grupos independientes, que señalan que ha habido 59 víctimas conocidas de feminicidios en Cuba en 2023, un aumento significativo respecto al año anterior. Estas cifras, dice la autora, son especialmente preocupantes dada la falta de estadísticas gubernamentales públicas sobre el tema.
La mayoría de estos delitos son cometidos por parejas o exparejas y muchas veces ocurren en los hogares de las víctimas. Algunos incidentes incluso han tenido lugar en instituciones estatales, lo que pone de relieve la naturaleza generalizada del problema.
A pesar del aumento de las cifras, y esta es esencialmente la terrible enseñanza del texto escrito por Colomé Santiago, las autoridades cubanas han permanecido en gran medida en silencio, sosteniendo que el país está libre de tales delitos.
«Gracias» – entrecomillado porque ante delitos de este tipo no se debe agradecer ni celebrar nada – activistas y organizaciones no gubernamentales han estado presionando para obtener más visibilidad y leyes más estrictas contra la violencia de género.
Sin embargo, dice Colomé Santiago, sus esfuerzos han encontrado resistencia o indiferencia por parte del gobierno, señalándose que Cuba es el único país del hemisferio occidental sin una ley integral contra la violencia de género; lo cual embarra de lodo a la Asamblea Nacional de Cuba, que rechazó en 2022 una enmienda que habría incluido el feminicidio como delito punible en el nuevo código penal cubano.
Los grupos feministas han estado brindando líneas de apoyo y recursos para mujeres en riesgo, pero enfatizan que la acción gubernamental es esencial para abordar el problema de manera efectiva.
Especialmente significativo y doloroso resulta que «en el año 2019, las autoridades cubanas compartieron algunos datos con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una agencia regional de las Naciones Unidas, de una encuesta realizada por el gobierno en 2016» en la cual se reveló «que el 27% de las mujeres entrevistadas había sufrido algún tipo de violencia a manos de sus parejas, y sólo el 4% buscó ayuda de las instituciones estatales para afrontar la situación,» debido al hecho de la poca atención por parte de los organismos de la ley dentro de Cuba – PNR, MININT, MINJUS, entre otros – a las denuncias de este tipo.
Esta permisividad y demoras en ejecutar la ley ha permitido que, como bien señala Gámez en su texto, haya surgido de manera «alarmante (…) una creciente tendencia al vigilantismo, ya que los ciudadanos se toman la justicia por su mano debido a la falta de fe en el sistema legal.»
tal vez quieras leer: Crece la violencia y la inseguridad en Cuba, indica Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC)
