Cuba sigue siendo el único país de las Américas que no permite la visita de Amnistía Internacional para realizar labores de monitoreo de derechos humanos.
La organización Amnistía Internacional pidió la víspera «acceso a monitorear los juicios a manifestantes del 11J», teniendo como base para su llamado las irregularidades en varios de los procesos denunciadas por familiares de los detenidos.
Algunas de estas irregularidades están contenidas en ejemplos concretos; dígase, un testigo poco creíble; una acusación contradictoria o incluso, fotos y videos poco esclarecedores, que justifican el pedido de Amnistía Internacional, que en su comunicado, al inicio, expresa:
«En los últimos meses, cubanos de todas las edades y condiciones sociales han sido acusados, enjuiciados o condenados por participar en las protestas nacionales de julio pasado, en procesos en gran parte injustos y opacos que se llevaron a cabo en su mayoría a puerta cerrada.»
Amnistía Internacional pidió a las autoridades de la isla que le permitan a ella y a otros observadores de derechos humanos el acceso al país para monitorear los juicios en curso.
“A través de una serie de procesos y juicios injustos y opacos de manifestantes en las últimas semanas, las autoridades cubanas han continuado con una campaña de criminalización con el único objetivo de restablecer la cultura del miedo que se rompió el año pasado cuando la gente salió a las calles para expresarse”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Como es común en Cuba, donde el poder judicial está firmemente bajo el control del gobierno, los procedimientos han carecido de transparencia y se ha negado el acceso a los juicios a periodistas independientes y observadores de derechos humanos”.
Varios de los acusados, juzgados y sentenciados, en diversos procesos penales enfrentaron cargos como “ultraje a los símbolos de la patria” símbolos), “desacato”, “difamación a las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”, “atentado” (asalto), “resistencia” (resistencia), y “desórdenes públicos” (desorden público), que en la mayoría de los casos no están del todo claro. La mayoría de ellos han sido acusados de disposiciones del Código Penal utilizadas históricamente para silenciar la disidencia, en un claro ejemplo de «escarmiento», muy alejado de «hacer justicia».
Uno de esos casos de «resistencia al arresto» y «participación en las protestas» aunque posteriormente resultó esclarecido, es el caso que rodea a Alexander Hall y Leonardo Romero Negrín, ambos detenidos por la policía cubana durante las protestas. Ambos golpeados y arrestados injustamente por la PNR; vejados, injuriados, maltratados psicológicamente, por algo que parecía más una venganza o represalías «contra cualquiera» que contra los manifestantes en sí.
Intelectuales cubanos firman declaración contra las condenas a los manifestantes del 11J
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que nunca las autoridades cubanas respondieron a una carta que les fue enviada por Amnistía Internacional solicitando información sobre cuántas personas fueron detenidas en el contexto de las protestas del 11 de julio.
Unas 700 personas permanecen detenidas por protestar el año pasado de un número que se estima, inicialmente, en más de mil.
Luego de meses de protestas desde los grupos de la sociedad civil y activistas, que presionaron entre otros a los medios extranjeros en Cuba a quienes acusaron de ponerse de lado del gobierno y no cubrir los juicios, las autoridades cubanas hicieron públicas al menos seis sentencias relacionadas con aproximadamente 129 personas, incluidos algunos adolescentes, que habían sido acusados.
El Estado no ha hecho públicos los documentos judiciales
Estas 129 personas fueron, en su mayoría, acusados de arrojar cócteles molotov o simplemente botellas de vidrio, a los oficiales de la PNR. O también piedras. Algunos recibieron sentencias de 30 años. Otros menos.
Uno de estos casos, aunque Amnistía Internacional no hace referencia directa a él, pero pudiera muy bien englobarlo en su pedido, es el de José Ángel Cuba García de 21 años edad.
Su padre, José Ramón Cuba Lores publicó el pasado 12 de junio, un extenso post en su perfil de Facebook donde da cuenta que su hijo fue sentenciado a diez años de privación de libertad, basándose en declaraciones de algún testigo que este joven habría arrojado una piedra contra una patrulla de la PNR.
En el post, y mediante imágenes y un video del momento en que su hijo, como curioso, participaba en las protestas, se aprecia claramente que la piedra fue arrojada por otra persona que se encontraba situada detrás del joven.
Su padre, el día 8 de marzo, volvió a postear en la red social de Facebook la foto acá arriba expuesta, y arremetió contra la jueza de Jovellanos, Matanzas, Amnabel Troya González.
Amnistía Internacional, en una publicación aparecida en su blog expresa:
«En un caso, 21 personas, muchas de ellas de poco más de veinte años, fueron acusadas formalmente de “sedición” y recibieron duras sentencias de hasta nueve años, entre otras cosas, por intentar alterar el orden socialista, incitar a la violencia , rompiendo las normas de distanciamiento social de Covid-19 y arrojando piedras y botellas inflamables. Como es común en las sentencias en Cuba, la sentencia calificó a algunos individuos de vínculos con personas antisociales (se vincula con elementos antisociales) o malas relaciones con sus vecinos, e indicó si trabajaban o no. Ese lenguaje se usa a menudo para describir a las personas consideradas críticas con las autoridades cubanas, pero debería tener poca relación con un caso penal.»
Y más adelante concluye que reiteran su llamado a la comunidad internacional sobre todo enfocados en poder «monitorear los próximos juicios de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez y muchos otros que han sido acusados y siguen encarcelados por protestar el 11 de julio.»
El portal señala al final de su nota que Cuba sigue siendo el único país de las Américas que no permite la visita de Amnistía Internacional para realizar labores de monitoreo de derechos humanos.
