El importante director cubano de cine Fernando Pérez, se halla entre los firmantes entre los artistas, intelectuales y activistas cubanos de una carta pública titulada “Manifiesto contra el silencio, por la justicia” donde se declara que las penas de cárcel de entre 10 y 30 años dictadas por los tribunales contra cientos de manifestantes del 11J “son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana”, y que tal reacción estatal es de “una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos”.
Junto al director de Clandestinos, Suite Habana y José Martí, el ojo del canario, rubrican la carta el también realizador Juan Pin Vilar, los ensayistas Rafael Rojas y Armando Chaguaceda, los historiadores Alina Fernández, Mario Navia y Leonardo Fernández, los economistas Omar Everleny Pérez y Pedro Monreal González, las artistas visuales Tania Bruguera, Sandra Ceballos y Amaury Pacheco, los periodistas Marta María Ramírez y Mauricio de Miranda, el poeta Alex Fleites, el escritor Jorge Fernández Era, las activistas Camila Cabrera y Carolina Barrero, el estudiante Leonardo Romero, entre otros.
Los emisores del texto hacen un llamado general a sus “colegas intelectuales y artistas a acompañarnos. Los presos son —o pueden ser— nuestros familiares, vecinos, amigos. Nosotros mismos. En esta era de conectividad digital, todos sabemos lo que está ocurriendo. Nadie es ajeno en la actualidad a los acontecimientos, los testimonios y los desenlaces”, y consideran “un deber humanista concreto acompañar a las víctimas de la violencia de Estado si entendemos que lo sucedido entre el 11 y el 12 de julio fue, como en toda Latinoamérica, un estallido social expresado mediante la desobediencia civil, y resultado de la mala gestión gubernamental de la economía y de modos autoritarios de gestionar el conflicto y participación socio-políticos en Cuba”.
La misiva, que como se aprecia, es suscrita por intelectuales cubanos de nítidas y muy diversas posturas políticas y enfoques respecto a las tensas circunstancias sociopolíticas de la Cuba de hoy, establece “que desde cualquier ideología es posible condenar o avalar la violencia del poder. Las posturas de disimulo, silencio o complacencia ante el procesamiento punitivo a los manifestantes del estallido social, en lugar de defender a la ciudadanía vulnerable y hacer rectificar a las autoridades, solo perpetuará y ampliará los abusos y los conflictos”, asevera, advirtiendo que “nos convertirá a cada uno de nosotros, personas de ideas y palabras, en cómplices, conscientes o disimulados, de la violencia y la injusticia”.
