Cuatro organizaciones de asistencia jurídica a inmigrantes presentaron este miércoles una demanda federal ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts para obligar al gobierno a revelar la ubicación de decenas de miles de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con órdenes de deportación. La acción legal busca revertir la denominada ODLS Final Order Policy, una medida adoptada en torno al 15 de septiembre que eliminó del sistema público de búsqueda en línea la localización de aquellos individuos que cuentan con órdenes administrativamente firmes de expulsión.
Según la demanda, la política fue implementada sin anuncio público ni notificación previa a los detenidos o a sus representantes legales. Los demandantes, entre los que se encuentran Greater Boston Legal Services y el Rian Immigrant Center, sostienen que esta práctica interfiere con los derechos de los abogados de inmigración, al dificultar o imposibilitar la localización de sus clientes para brindarles asistencia esencial.
La decisión de ocultar esta información ha generado críticas por parte de los defensores, quienes señalan que los mecanismos alternativos, como las llamadas telefónicas a las oficinas de campo, resultan ineficaces debido a largas esperas y falta de respuestas claras. Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de Greater Boston Legal Services, declaró que nadie debería ser privado de una oportunidad significativa de defender sus derechos porque el gobierno haya hecho imposible que su abogado los encuentre.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha confirmado públicamente el cambio, pero emitió una declaración recogida por la agencia Associated Press en la que sostiene que los extranjeros bajo custodia tienen diversas formas de comunicarse con sus familiares y abogados. La agencia enfatizó que el proceso adecuado para quienes cuentan con órdenes finales es la expulsión del país.
Ocultamiento de datos de ICE afecta a detenidos cubanos
La política de ocultamiento de datos tiene implicaciones directas para casos de ciudadanos cubanos en proceso de remoción. La demanda cita el expediente de Noslén Sendra, un cubano detenido en el centro de Krome, en Miami, donde un juez advirtió que la política actual dificulta a los tribunales determinar su jurisdicción y obstaculiza que los abogados puedan localizar a los detenidos.
El pasado 4 de octubre, se informó sobre el caso de Juan Aguilar Naranjo, un ciudadano cubano con una orden final de deportación que permanecía bajo custodia de ICE. En aquel momento, la agencia no precisó la ciudad donde fue arrestado ni el centro de detención específico donde se encontraba recluido.
Previamente, en diciembre de 2025, el locutor Frank Abel Gomez Bernal fue identificado en el sistema de búsqueda de ICE como detenido, pero su registro mostraba la leyenda Call ICE For Details, una fórmula utilizada cuando la agencia no hace pública la ubicación exacta. Posteriormente, su nombre dejó de aparecer en el sistema, impidiendo cualquier verificación sobre su paradero.
En diciembre de 2025, otros cubanos detenidos en el centro conocido como Alligator Alcatraz denunciaron condiciones extremas y falta de información sobre sus procesos migratorios. En septiembre de 2026, un detenido en el centro de Mason, Tennessee, denunció presiones para firmar su propia deportación. Asimismo, en septiembre de 2026, un cubano con orden de deportación desde el año 2000 fue arrestado en Texas.
Según datos alegados en la demanda, en julio de 2026 había una media de 66,904 personas diarias bajo custodia migratoria. De este total, aproximadamente 21,700 individuos —cerca del 32%— tenían órdenes finales de expulsión y fueron excluidos del sistema de búsqueda desde el primer día de aplicación de la nueva política.
