Los operativos de ICE continúan esta semana en Doral, donde comerciantes aseguran que el temor entre clientes y trabajadores ha provocado caídas de hasta 70% en las ventas. Mientras autoridades municipales reconocen que no pueden impedir las acciones federales, otros casos en Luisiana y Washington plantean cuestionamientos sobre detenciones de inmigrantes con trámites de residencia aprobados o pendientes.
Eduardo Ortiz, un cubano de 35 años que entró a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, lleva 17 meses detenido en el Centro de Transición de Broward, sin derecho a solicitar fianza, mientras su familia libra una batalla legal por su libertad.
Jaime Trinidad, padre de dos infantes de Marina estadounidenses, fue liberado tras casi tres meses detenido por ICE en el Centro de Detención de Broward, y pudo volver a abrazar a sus hijos gracias a un permiso de un año.
Yanet Manzano fue deportada en febrero; ahora, su esposo fue detenido por ICE en los Cayos de la Florida, y su hija de 14 años quedó al cuidado de unos primos con temor de terminar en un refugio.
Entre una demanda que podría regularizar a medio millón de cubanos, un juez que autorizó alimentar a la fuerza a un detenido en huelga de hambre y ciudades que ya litigan para mantener a ICE lejos de los centros de votación, las próximas semanas se perfilan decisivas para millones de inmigrantes en Estados Unidos.
La jueza federal Jacqueline Becerra rechazó la petición de desestimación del gobierno de Trump y permitió que avance en Miami una demanda que busca reactivar la Ley de Ajuste Cubano para cubanos con I-220A.
El fiscal general Todd Blanche anunció cargos contra 11 personas por presuntamente dirigir una red que organizó más de 1,000 matrimonios falsos entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros, principalmente de China, para tramitar residencias legales fraudulentas. El esquema, activo desde al menos 2016, generó decenas de millones de dólares y operó desde Nueva York hacia otros siete estados, con conexiones en China y Vanuatu.
Una bebé cubana de 10 meses fue hospitalizada en Miami con un diagnóstico preliminar de neuroblastoma. Mientras los médicos confirman el cuadro, su madre enfrenta sola el proceso: el padre de la niña está detenido por inmigración y ella misma tiene una audiencia migratoria pendiente.
Miles de cubanos deportados por Estados Unidos permanecen atrapados en México, sin posibilidad de regresar a la Isla ni de volver con sus familias en territorio estadounidense. Muchos vivieron durante décadas en EE.UU. y ahora sobreviven sin empleo estable, acceso pleno a la salud o un estatus migratorio definitivo mientras esperan una solución a sus casos.
Once ciudadanos cubanos fueron detenidos después de alcanzar los Cayos de Florida a bordo de una embarcación que la Patrulla Fronteriza describió como robada. El jefe de la agencia, Rosario "Pete" Vasquez, calificó el desembarco como un hecho inusual y aseguró que los migrantes están siendo procesados para su deportación.
Manolo Betancur, propietario de Manolo’s Bakery en Charlotte, confrontó al excomandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino y le negó la entrada al negocio durante un intercambio que duró unos 40 minutos.
ICE anunció que todos sus agentes de campo portarán cámaras corporales a partir de septiembre de 2026, pero la política de divulgación —que condiciona la publicación a los "mejores intereses de la agencia"— desató críticas de la ACLU y otras organizaciones, que temen un ejercicio de relaciones públicas más que de transparencia real.
Luis Manuel Aviles Roa, padre de un marinero del USS Abraham Lincoln, fue liberado después de una polémica detención migratoria en Key West. Su familia asegura que llevaba cerca de dos décadas en EEUU y tenía permiso de trabajo y trámites pendientes.
La administración Trump prepara la revocación de hasta 200.000 visas B1 y B2 concedidas entre 2016 y 2026 a personas que posteriormente solicitaron asilo. La cancelación de la visa no equivaldría automáticamente a una deportación.
Ohio Immigrant Alliance identificó 152 integrantes actuales o anteriores de ICE y Border Patrol vinculados a casos de delitos violentos o sexuales. El informe incluye condenados, acusados y personas en distintas etapas procesales y reclama al Congreso mayores controles sobre contratación y supervisión.
