Un informe de Ohio Immigrant Alliance identificó a 152 integrantes actuales o anteriores de ICE y la Patrulla Fronteriza que fueron acusados, procesados, condenados o señalados en casos relacionados con delitos sexuales o violentos. La investigación encontró una elevada proporción de víctimas mujeres y menores y reclama al Congreso controles más estrictos sobre contratación, supervisión y acceso a armas.
La cifra de 152 aparece en un informe publicado el 18 de agosto por Ohio Immigrant Alliance bajo el título The Worst of the Worst: 152 Sexually and Physically Abusive ICE and Border Agents.
La precisión es importante: no se trata exclusivamente de 152 agentes de ICE, como afirmaba el borrador inicial. La base de datos abarca personal relacionado con Immigration and Customs Enforcement y con la Patrulla Fronteriza, que forma parte de Customs and Border Protection.
La investigación amplió un trabajo previo publicado en julio que contenía 59 nombres. La organización dijo que continuó revisando registros judiciales, información gubernamental y reportes periodísticos y añadió casi un centenar de casos.
Según los datos presentados por Ohio Immigrant Alliance, 86% de las 152 personas identificadas estaban vinculadas a delitos sexuales, mientras aproximadamente 56% habían recibido sentencia. Otro 18% seguía, al momento del análisis, en la etapa de cargos formales.
El informe sostiene asimismo que una parte considerable de los casos involucró violencia contra mujeres y menores.
De los 152 registros, 85 correspondían a situaciones en las que las víctimas eran niños y 78 estaban relacionados específicamente con delitos sexuales contra menores, según el análisis de la base de datos divulgado tras la publicación.
La investigación no implica que las 152 personas estén actualmente trabajando para las agencias ni que todas hayan sido condenadas. Ese matiz resulta esencial.
El conjunto incluye diferentes situaciones procesales: personas condenadas, sentenciadas, acusadas formalmente y otras sobre las que existían señalamientos documentados.
Spectrum News, que revisó parte de la actualización, informó que pudo verificar independientemente que 39 de los nombres añadidos recientemente habían sido acusados formalmente o sentenciados. De esos 39 casos, 35 involucraban delitos contra menores.
Lynn Tramonte, directora ejecutiva de Ohio Immigrant Alliance y autora del informe, argumentó que los hallazgos plantean preguntas sobre los mecanismos utilizados por el Departamento de Seguridad Nacional para seleccionar, entrenar y supervisar a empleados que tienen autoridad policial y, en muchos casos, acceso a armas.
La organización ha pedido al Congreso que examine los procesos de revisión de antecedentes, aumente la supervisión y condicione parte de los recursos destinados a las agencias a la aplicación de controles más estrictos.
El informe aparece además en un momento en que el gobierno federal busca ampliar considerablemente la capacidad operativa de ICE y otras agencias migratorias.
Ohio Immigrant Alliance presenta su trabajo desde una posición crítica hacia las políticas de deportación y detención del gobierno. Por ello, las cifras deben atribuirse expresamente a la organización y diferenciarse de estadísticas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional.
El documento, sin embargo, no se limita a una denuncia general: la organización publicó también una hoja de cálculo con los 152 casos y materiales que permiten rastrear las fuentes utilizadas para cada nombre.
Incluso después de publicarse el informe, la propia organización señaló que su lista volvió a quedar desactualizada apenas tres días después, tras conocerse el arresto de otro agente de ICE en Louisiana por un incidente presuntamente relacionado con una expareja.
Fuentes
Ohio Immigrant Alliance.
Spectrum News.
