Una reseña negativa contra un restaurante, motivada por la contratación de la humorista Cuqui La Mora, provoca una respuesta de Los 3 de La Habana, y plantea una pregunta que trasciende las simpatías políticas: ¿es justo perjudicar económicamente a un establecimiento por las opiniones de alguien que se presenta allí ocasionalmente?

La reciente polémica en torno a la humorista cubana Cuqui La Mora ha terminado por colocar en el centro de la controversia a un negocio de Miami que decidió abrirle sus puertas. El Café Cantante Restaurante de Los 3 de La Habana anunció una presentación de la artista para el próximo 28 de noviembre, después de que otras actuaciones suyas fueran canceladas en Texas y Arizona.

La decisión no tardó en provocar reacciones. En una captura divulgada por Los 3 de La Habana aparece una reseña de una estrella en Google, acompañada de un comentario que dice: «No lo recomiendo y más viendo que contratan a personas como cuqui la mora».

No hay en esa valoración una queja sobre la comida, la atención, los precios o las condiciones del establecimiento. El motivo declarado para no recomendarlo es la contratación de una artista.

El grupo respondió públicamente que lamentaba que alguien utilizara ese espacio para perjudicar a un negocio por no compartir la manera de pensar de una persona. También defendió la diversidad de opiniones y el derecho de cada individuo a pensar libremente.

Una cosa es discrepar de las opiniones políticas de un artista y otra muy distinta es…

El episodio plantea un problema que merece examinarse más allá de las simpatías o antipatías que pueda despertar Cuqui La Mora. Porque una cosa es discrepar de las opiniones políticas de un artista, incluso rechazarlas abiertamente, y otra es pretender que cualquier negocio que lo contrate deba pagar las consecuencias económicas de ese desacuerdo.

Nadie está obligado a asistir a un espectáculo, comprar una entrada o consumir en un establecimiento cuyos propietarios, empleados o invitados le resulten desagradables por sus posiciones políticas. El derecho a decidir dónde gastar el dinero es tan legítimo como el derecho de un artista a expresar sus opiniones.

El boicot económico, además, tiene una larga historia como forma de protesta social y política. En determinadas circunstancias ha servido para denunciar prácticas discriminatorias, abusos empresariales y violaciones de derechos.

Pero reconocer su legitimidad no significa que todos los boicots sean igualmente razonables, proporcionados o justos.

Y aquí aparece una distinción fundamental: no es lo mismo negarse a consumir en un negocio que intentar desacreditar públicamente la calidad de sus servicios por las ideas de una persona que contrata.

Las reseñas comerciales cumplen una función concreta. Permiten que los consumidores conozcan las experiencias de otras personas antes de decidir dónde comer, alojarse o contratar un servicio. Una valoración negativa puede influir en la llegada de nuevos clientes y, por tanto, en los ingresos de un establecimiento. Cuando ese instrumento comienza a utilizarse para dirimir disputas políticas, su función queda desvirtuada.

De hecho, las propias normas de Google Maps establecen que las reseñas deben basarse en experiencias auténticas y no admiten comentarios políticos generales ajenos a la experiencia en el lugar. Tampoco permiten la manipulación de calificaciones para perjudicar a un negocio.

Esto no significa que una persona que haya visitado un restaurante no pueda valorar negativamente aspectos legítimos de su experiencia. Significa que una calificación comercial no debería convertirse en un sustituto de la discusión política.

Hay, además, otra cuestión que suele quedar fuera de estas controversias: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de un empresario por las opiniones de quienes trabajan o colaboran con él?

Contratar a un humorista para una presentación no equivale necesariamente a suscribir todas sus declaraciones públicas. Del mismo modo que contratar a un músico, un camarero o un cocinero no convierte al propietario en responsable de las preferencias políticas de cada uno de ellos.

Incluso cuando existe afinidad ideológica entre el artista y los propietarios del establecimiento, como se ha señalado en el caso de Los 3 de La Habana y Cuqui La Mora, esa coincidencia no elimina la necesidad de distinguir entre opiniones políticas y calidad de los servicios comerciales.

Si aceptamos que cualquier negocio debe responder por todo lo que piensa o dice cada persona que contrata, ¿dónde colocamos el límite?

¿Tendría un restaurante que investigar las publicaciones de Facebook de sus músicos antes de invitarlos a tocar? ¿Debería un empresario asegurarse de que todos sus trabajadores comparten las opiniones políticas de su clientela? ¿Se convertiría la contratación de un artista en una especie de certificado de adhesión ideológica?

Un restaurante no existe únicamente para sus propietarios. Detrás hay empleados que cobran salarios, proveedores que suministran productos, familias que dependen de esos ingresos y personas que probablemente tienen opiniones políticas muy diferentes entre sí.

Una campaña destinada a perjudicar económicamente al establecimiento puede terminar afectando a individuos que jamás participaron en la controversia que la originó.

Por supuesto, hay situaciones en las que las decisiones de contratación de una empresa merecen un cuestionamiento público. No sería razonable exigir a los consumidores indiferencia ante cualquier conducta de quienes representan comercialmente a un negocio.

Pero tampoco parece razonable que la simple presencia ocasional de una persona con opiniones controvertidas sea suficiente para convertir a un establecimiento en objetivo de represalias. Y mucho menos que el desacuerdo político se traduzca automáticamente en una mala calificación comercial.

En el caso de la comunidad cubana, esta discusión tiene una dimensión particularmente delicada. Durante décadas, la exigencia de lealtad ideológica ha condicionado oportunidades profesionales, artísticas y económicas en Cuba. La posibilidad de trabajar, publicar, actuar o acceder a determinados espacios ha estado vinculada demasiadas veces a las posiciones políticas de las personas.

Sería injusto equiparar directamente esa discriminación ejercida desde el poder estatal con un boicot voluntario de consumidores en una sociedad democrática. No son fenómenos equivalentes ni tienen el mismo alcance.

Sin embargo, resulta legítimo preguntarse si determinadas formas de presión social no terminan reproduciendo, a otra escala y mediante otros mecanismos, una lógica de exclusión que debería resultarnos demasiado familiar. La idea de que alguien no debe recibir trabajo porque piensa de determinada manera. La pretensión de que un tercero también sea castigado por darle una oportunidad. La expectativa de que los negocios deban escoger entre clientes y trabajadores según sus respectivas fidelidades políticas.

Y, sobre todo, la dificultad para aceptar que una persona pueda relacionarse profesionalmente con otra sin compartir necesariamente sus ideas.

Nada de esto obliga a defender las opiniones de Cuqui La Mora. Cada cual puede juzgarlas, criticarlas, cuestionarlas o rechazarlas públicamente. También puede decidir no asistir a su presentación del 28 de noviembre.

Lo que merece discusión es si ese rechazo justifica trasladar el conflicto al conjunto de un negocio y utilizar su reputación comercial como instrumento de presión.

La libertad de expresión protege tanto a quien manifiesta una opinión como a quien la critica. La libertad económica permite a cada consumidor decidir dónde gastar su dinero. Pero ninguna de esas libertades convierte automáticamente cualquier forma de represalia en una decisión sensata o justa.

Una sociedad plural no se caracteriza por la ausencia de desacuerdos, sino por su capacidad para convivir con ellos sin convertir cada diferencia política en una guerra contra el sustento de los demás.

Al final, la cuestión no es si nos gusta Cuqui La Mora, si compartimos las posiciones de Los 3 de La Habana o si estamos de acuerdo con quienes los critican.

La cuestión es bastante más sencilla y, al mismo tiempo, más incómoda:

¿Queremos vivir en una sociedad donde podamos discrepar libremente de las ideas de alguien, o en una donde también haya que castigar a cualquiera que se atreva a darle trabajo?