Carlos Téllez Sánchez, venezolano de 35 años, fue deportado a Liberia después de pasar más de siete meses bajo custodia de ICE. Padre de tres hijos, llegó al país africano sin familiares ni conocidos como parte del primer grupo enviado bajo un nuevo acuerdo de deportaciones entre Washington y Monrovia.
Grace Calero y su hija Giulianna sobrevivieron a un grave accidente de tránsito en Poinciana, Florida, pero terminaron bajo custodia migratoria después de recibir atención médica en un hospital.
Las detenciones de una estudiante colombiana de 16 años, un joven hondureño que intenta terminar la preparatoria y una exfutbolista venezolana, junto con la muerte de un salvadoreño bajo custodia, muestran el rostro más controvertido de la ofensiva migratoria. Las encuestas indican que muchos votantes apoyan determinadas deportaciones, pero rechazan los métodos empleados por ICE, una diferencia que podría incidir en las elecciones de noviembre de 2026.
El ICE acusa a la ex jueza cubana Katrina Castro Menéndez de fraude migratorio por presuntamente ocultar vínculos con organizaciones del régimen, pero no ha presentado pruebas de que perteneciera formalmente al Partido Comunista de Cuba.
Yordenis Ugás e inmigración: Yordenis Ugás criticó la forma en que se desarrollan determinadas operaciones migratorias en Estados Unidos y afirmó que, aunque las deportaciones son legales, algunas personas están siendo tratadas de manera inhumana. El excampeón cubano ha utilizado sus redes sociales en otras ocasiones para pronunciarse sobre inmigración, Cuba y derechos humanos.
María Elvira Salazar arrasa en la primaria republicana del Distrito 27 de Florida con cerca del 81 % de los votos y buscará un cuarto mandato en el Congreso.
Seis inmigrantes latinoamericanos —cuatro cubanos, un hondureño y un ecuatoriano— fueron deportados por ICE a la República Centroafricana a finales de julio, sin previo aviso, según relatan ellos mismos y sus familiares, quienes ahora piden la intervención de la congresista María Elvira Salazar.
Una investigación de Associated Press reveló que David Brouillette, identificado como el agente de ICE que mató al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine, tenía antecedentes de violencia, problemas de salud mental y acusaciones de abuso doméstico. La pareja de la víctima habló del vacío que dejó su muerte.
El formulario I-360 de USCIS permite presentar peticiones migratorias en categorías específicas, entre ellas viudos de ciudadanos estadounidenses, autopeticionarios bajo VAWA y menores que califican como inmigrantes juveniles especiales. Su aprobación no significa que todos los solicitantes obtengan automáticamente la residencia permanente o un permiso de trabajo, pues los pasos posteriores dependen de cada categoría.
ICE está realizando entre 20 y 40 arrestos migratorios diarios en aeropuertos estadounidenses, según un alto funcionario de Seguridad Nacional citado por NBC News y Noticias Telemundo. El aumento coincide con un récord de aproximadamente 51.000 detenciones de ICE durante julio y con una mayor cooperación entre la agencia migratoria y la TSA para localizar a determinados viajeros.
Leidys Barrabí, una madre cubana de 25 años que levantó un salón de belleza en Miami, recibió una orden de deportación tras cuatro años en Estados Unidos. El caso vuelve a exponer el limbo legal de miles de cubanos que ingresaron con el formulario I-220A.
Las estafas migratorias se han sofisticado con delincuentes que suplantan a abogados reales, utilizan videos manipulados con inteligencia artificial y prometen permisos de trabajo o residencias a cambio de pagos. Para algunas víctimas cuyo proceso terminó perjudicado existe la posibilidad de solicitar una reapertura, aunque los requisitos y plazos dependen de las circunstancias de cada caso.
Estados Unidos mantiene negociaciones con Uruguay para que el país sudamericano reciba migrantes que Washington no puede devolver a sus naciones de origen. Los cubanos serían el principal grupo contemplado en la práctica, aunque la Cancillería uruguaya aseguró que las conversaciones incluyen diferentes nacionalidades y que todavía no existe un acuerdo definitivo.
El activista y científico cubano Óscar Casanella alertó de que una nueva audiencia de inmigración apareció de forma inesperada en su expediente, poniendo en riesgo un proceso de asilo que él y su abogada consideraban prácticamente resuelto tras más de un año de espera.
La Junta de Apelaciones de Inmigración resolvió que no pagar la tarifa anual de asilo de 102 dólares no elimina automáticamente otras formas de protección migratoria. El caso partió de la apelación de una cubana y funciona como precedente nacional.
