Un día como hoy, hace 33 años, los medios de prensa cubanos informaron que un pelotón de fusilamiento había ejecutado al general de división y Héroe de la República, Arnaldo Ochoa, en cumplimiento a la sentencia dictada por los tribunales.
El condecorado militar cubano había sido condenado junto al coronel Antonio de la Guardia, el mayor Amado Padrón y el capitán Jorge Martínez, acusados por por narcotráfico y otros delitos contra la paz y el derecho internacional en lo que se conoció como Causa No. 1 de 1989.
Mucho se ha hablado y escrito sobre aquellos juicios sumarios que paralizaron la isla en un momento crítico de su historia, cuando en las altas esferas del poder ya se sabía el destino de la Unión Soviética y los países del campo socialista, principales aliados de Cuba en materias política, económica y militar.
Pero el esquema delictivo en el que participaron los implicados de la Causa 1, bajo la sombrilla de instituciones creadas para burlar el embargo estadounidense a Cuba como el llamado departamento MC del Ministerio del Interior, hace preguntarse cómo se controlan hoy las empresas militares que forman parte del conglomerado empresarial administrado por el Grupo de Administración Empresarial, S.A (Gaesa), cuyo presidente ejecutivo Luis Alberto Rodríguez López-Calleja falleció recientemente.
Cuáles son los mecanismos de fiscalización a ese tipo de entidades que operan con fondos públicos y que no son auditables por la Contraloría General de la República, creada para cumplir la función de llevar a cabo “la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno, proponer, dirigir, ejecutar y comprobar el cumplimiento de la política integral del Estado en materia de preservación de las finanzas públicas y el control económico-administrativo, supervisar el sistema nacional de auditoría, ejecutar las acciones que considere necesarias con el fin de velar por la correcta y transparente administración del patrimonio público, y prevenir y luchar contra la corrupción”.
Se estima que Gaesa se ha convertido en un monopolio que controla más del 50% de la economía cubana, y que maneja sectores que generan grandes ganancias como las remesas, las telecomunicaciones, turismo, puertos y marinas, construcción, negocios inmobiliarios y redes de tiendas en divisas.
El poder que ejerce el Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas sobre el resto de la economía explica que durante la pandemia se hayan construido más hoteles que nunca en la isla, al tiempo que descendieron al mínimo las inversiones en la agricultura, pese a que el autoabastecimiento alimentario fue catalogado como un asunto de seguridad nacional por el gobierno.
En plena transición generacional y en medio de la profunda crisis, económica, política y social que atraviesa la isla, las instituciones deberían tener respuestas a esas y otras interrogantes y hacerlas públicas.
