En un reconocimiento poco común por parte de las autoridades cubanas, se ha admitido públicamente un incremento alarmante en el número de personas sin hogar en la isla. El medio estatal Trabajadores ha informado que la situación de indigencia en Cuba está alcanzando niveles preocupantes, con un notable aumento de personas viviendo en la calle, especialmente entre aquellos menores de 60 años.
Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ha señalado que, a pesar de la existencia de una política desde 2014 destinada a atender a las personas sin hogar, se están revisando las normativas debido a deficiencias en su implementación y a la percepción de un crecimiento en el número de afectados. Entre 2014 y 2023, se han registrado oficialmente 3.690 personas en situación de indigencia en distintas provincias del país, según datos del MTSS.
Cuba cuenta con nueve Centros para la Atención a personas con Conducta Deambulante, pero estos centros son insuficientes para abordar adecuadamente el problema. Aunque ofrecen servicios básicos como alojamiento, ropa, alimentación y atención médica, no proporcionan estancias prolongadas, lo que suscita dudas sobre su eficacia a largo plazo.
La crisis económica persistente en Cuba, agravada por una severa escasez de alimentos, ha exacerbado este problema social, complicando aún más los esfuerzos para proporcionar soluciones efectivas.
Sin techo y sin comida
Además, la situación se ve agravada por el exorbitante aumento en los precios de productos básicos como los huevos, cuyo costo ha alcanzado los 3,500 pesos por cartón en La Habana, según denuncias recientes en redes sociales por el abogado y activista Manuel Viera. La importación de huevos desde Colombia, en un intento por mitigar la escasez, ha sido una solución insuficiente frente a la magnitud del problema.
Esta inflación desmedida hace que incluso los alimentos más fundamentales sean inaccesibles para la mayoría de la población, exacerbando la vulnerabilidad de los más desfavorecidos.
Las Mipymes (pequeñas y medianas empresas), que según críticos están controladas en gran medida por el Estado, parecen tener acceso a recursos que no están disponibles para la población general, lo que añade una capa de desigualdad y frustración entre los ciudadanos.
Todas estas condiciones han motivado a algunos ciudadanos a tomar acciones independientes, como la distribución de comida caliente y abrigos durante los recientes fríos invernales.
Sin embargo, estas acciones benéficas por parte de la comunidad no pueden sustituir la necesidad de una política gubernamental más efectiva y sostenible que aborde tanto la crisis de vivienda como la seguridad alimentaria en la isla.
