La «Coronela Corrupción» ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extender sus tentáculos, y hasta el mismísimo Ministro de Economía parece haberse corrompido «con las mieles del poder».
En Ciego de Ávila, la falta de auditores es una tendencia que se profundiza, llevando a la provincia a un escenario donde la vigilancia y el control sobre las operaciones financieras y administrativas se ven comprometidos.
La situación, expuesta durante el balance anual del sistema de auditoría, es tan grave que incluso la contralora general de la República de Cuba, Gladys Bejerano Portela, se ha hecho eco de ella, subrayando la importancia de revertir este declive para mantener la integridad de las instituciones públicas.
Durante 12 meses, de 172 plazas disponibles para auditores, solo se logró cubrir el 58%, dejando a la provincia con apenas un centenar de profesionales en este campo crítico.
Esta dramática reducción se atribuye a varios factores, entre ellos, la baja graduación de técnicos medios en Contabilidad, la escasa motivación entre los estudiantes para emprender la carrera de auditoría, condiciones de trabajo deficientes, y la percepción limitada sobre la importancia del auditor interno por parte de algunas administraciones. A esto se suma la poca remuneración salarial, especialmente en entidades presupuestadas.
Los sectores más afectados incluyen el gobierno provincial, la agricultura, la industria alimentaria, y el turismo. En este último, el panorama es particularmente sombrío: el grupo hotelero Gran Caribe carece de auditores de base en cinco de sus hoteles en el polo turístico Jardines del Rey.
La fuga de auditores no solo representa un problema logístico, sino que también abre las puertas a la corrupción, al disminuir la capacidad del sistema para supervisar, detectar y prevenir irregularidades financieras y administrativas.
La situación es tan alarmante que incluso los delitos detectados por el sistema de auditoría y los hechos de corrupción administrativa reconocidos en el Consejo provincial destacan la necesidad crítica de una supervisión efectiva.
Ante este panorama, Bejerano Portela instó a una mayor exigencia y rigor por parte de los auditores y aquellos encargados de su supervisión, recalcando la importancia de la transparencia y la sistematicidad en el trabajo con los directivos.
Enfatizó que el auditor, al igual que el jurídico y el contador, debe ser visto como un asesor del director, subrayando la necesidad de una interacción constante para abordar preocupaciones y sugerir temas críticos para el consejo de dirección.
La crisis en el sistema de auditoría en Ciego de Ávila es un reflejo de un problema más amplio en Cuba, donde la escasez de personal calificado y las deficiencias en la supervisión administrativa amenazan con socavar la transparencia y la eficacia de las instituciones públicas.
En este contexto, la corrupción encuentra un terreno fértil para extender sus tentáculos, a menos que se tomen medidas urgentes para fortalecer el sistema de auditoría y restaurar la confianza en las estructuras de control financiero y administrativo del país.
Unos tentáculos que parecen haber alcanzado a la figura de Alejandro Gil, el exministro de Economía y Planificación de Cuba, quien se encuentra bajo investigación y ha sido arrestado precisamente por acusaciones de corrupción.
El propio gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció la investigación, señalando que se habían identificado «graves errores cometidos» por Gil Fernández durante su gestión.
El proceso se basa en una rigurosa investigación que llevó a su destitución en febrero, poco antes de su cumpleaños número 60. Se informó que Gil Fernández había admitido las acusaciones graves contra él y, como consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido y de Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La información disponible hasta el momento no especifica si Gil Fernández se encuentra en arresto como parte del proceso investigativo, pero dadas las acusaciones y la implicación del Ministerio del Interior en el caso, se presume que está detenido.
Medios independientes a través de fuentes cercanas a la investigación han señalado «vínculos turbios» que relacionaban a Gil con negocios privados de distribución de productos agroindustriales en la provincia de… ¡Ciego de Ávila! Sí, la misma provincia donde ha aparecido ahora la contralora general de la República de Cuba, Gladys Bejerano Portela.
¿Estará allí ella, precisamente, verificando in situ las presuntas triquiñuelas de Gil? No lo sabemos.
Lo que se sabe es que Gil Fernández había sido un funcionario destacado, ascendiendo desde la jefatura de operaciones en el puerto de La Habana hasta ser nombrado Ministro de Economía y Planificación en julio de 2018, donde jugó un papel crucial en la «actualización del modelo económico cubano y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030», un proceso que resultó una catástrofe en sí mismo, más que nada porque las bases – el sistema económico socialista – son fallidas en su raíz.
El caso de Gil se enmarca dentro de un contexto más amplio de lucha contra la corrupción en Cuba, donde el gobierno ha enfatizado la «tolerancia cero» hacia estas prácticas, especialmente cuando involucran a altos funcionarios.
La situación de Gil refleja la determinación del gobierno cubano de enfrentar y sancionar la corrupción, independientemente del rango o la posición de los implicados, y no precisamente porque no hubiesen auditores que lo parasen a tiempo. De hecho, se ha mencionado que una investigación económica interna se detuvo precisamente porque Gil, la mandó a parar, demostrándose así el mal engranaje de las funciones de los distintos ministerios en la isla.
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