Cuando el pasado 26 de agosto el diario oficialista Invasor daba a conocer la cifra de 5 feminicidios ocurridos en el 2023 en Ciego de Ávila, Cuba, el número, por pequeño que pudiese parecer, destapaba una Caja de Pandora.
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Según las plataformas de lucha contra la Violencia de Género y el Abuso Machista, YoSíTeCreo en Cuba y Alas Tensas, el subregistro que de manera independiente llevan ellos solo contabilizaba tres casos.
YoSíTeCreo llamó «inusual» el reporte del semanario oficial Invasor, de Ciego de Ávila, no tanto por la disparidad entre la cantidad de mujeres asesinadas mencionadas por el diario oficialista y el subregistro de ellos, sino porque no es usual que ese tipo de información aparezca en un medio de este tipo.
«Hasta esa fecha, tenemos registrados 3 casos en esa provincia por lo que existirían al menos otros 2 feminicidios, pero resulta imposible cotejar sin saber los nombres de las víctimas,» dijo ayer la plataforma en un post publicado en la red social de Facebook.
El post de por sí, revela las interioridades de un problema más serio aún pues se denuncia la muerte de al menos otros cuatro casos que elevan la cifra de feminicidios en Cuba a 58, en el actual año.
«Lamentables nuevos casos de feminicidio sucedieron en el último mes, los cuales fueron reportados por diferentes medios de prensa, periodistas e influencers. También varios fueron verificados por los demás observatorios de feminicidios y violencia de género,» señaló la plataforma y añadió:
«Hasta el momento hemos podido verificar las dolorosas pérdidas de: Yoana Echenique (Mirry), Dayamí Hechavarría Domínguez, Osladys Nuñez Fiz (Cosa), y Yanisleidy González Hernández».
Peor aún. La comunicación señala que están «trabajando en cuatro alertas en Media Luna, Bauta, Guáimaro y Trinidad».
Desconocemos cuáles son los casos de Bauta y Guáimaro, aunque sí el de Media Luna, que aún está pendiente de confirmación.
El caso referente a Trinidad que está pendiente de saberse si se trató o no de un feminicidio, es el de la joven Yenifer González Jiménez, quien fue presuntamente apuñalada por su expareja en las cercanías de una unidad policial y del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba el 4 de septiembre.
Fuentes que reportaron este suceso prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, pero expresaron su deseo de que este incidente genere conciencia sobre la necesidad de leyes más severas contra los feminicidas.
Feminicidios en Cuba se exacerban ante la impasividad del régimen. El caso de Leidy Bacallao
El asunto resulta mucho más serio aún si tenemos en cuenta que, a pesar de las constantes denuncias de activistas en los últimos años, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel vino a hablar por primera vez del problema de la violencia de género en abril de este año, aunque sin duda se trata de «un paso de avance», si tenemos en cuenta que Mariela Castro, directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual e hija de Raúl Castro, años antes, negó que en Cuba existiesen feminicidios; una afirmación que luego cambió, en diciembre de 2020, cuando de manera descarada afirmó que Cuba estaba «a la vanguardia de la lucha internacional» por eliminar la violencia contra la mujer, obviando las evidencias de lo contrario.
Mariela evolucionaría aún más, sin hacer referencias a las plataformas independientes que llevan el claro peso en la denuncia de este tipo de crimen, cuando llevó la batuta en la Asamblea Nacional para que los parlamentarios cubanos aprobaran la tipicidad del delito, una cruzada que se desmoronó ante el muro machirulo de los delegados hombres cubanos, y más específicamente contra las palabras de Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular, quien al hablar sobre el problema dijo que los crímenes, independientemente del género, eran fuertemente sancionados en el Código Penal cubano, negando de manera tácita que el feminicidio fuese un tipo de delito particular, como sí lo han reconocido decenas de países muchísimo más avanzados que Cuba en materia jurídica.
Unas palabras que parecen entrar en consonancia con lo dicho por Díaz-Canel en abril, cuando afirmó que el régimen cubano tiene «tolerancia cero» hacia esta violencia, si bien suman decenas de denuncias de mujeres que han acudido a las delegaciones de la policía a hacer acusaciones de abuso machista y han salido de allí sin una denuncia firme, y siendo incluso cuestionadas y hasta acusadas por tener la culpa de ser abusadas. Varias de las víctimas de la violencia machista en Cuba este 2023 habían denunciado previamente a sus abusadores, siendo el caso de la joven de 17 años de edad, Leidy Bacallao, el ejemplo triste pero perfecto, para denunciar la inacción de las fuerzas del orden en Cuba cuando se trata de un delito de este tipo.
Leidy Bacallao, una adolescente de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía en el poblado Camalote, en el municipio de Nuevitas, Camagüey, lugar donde fue a buscar de su agresor, un hombre de 50 años con antecedentes penales y con quien había tenido una relación sentimental. Allí, delante de decenas de policías, el asesino, identificado posteriormente como Elesván Hidalgo, un hombre con un extenso historial de violencia y abuso hacia las mujeres – contra el que la policía local no había tomado medidas a pesar de las denuncias previas por abuso – entró con un machete en la mano, la agarró por los pelos, la sacó a la calle y la ultimó a machetazos delante de varios agentes del orden, que solo atinaron a dispararle y herirlo por la espalda, cuando ya era demasiado tarde.
Díaz-Canel iría mucho más allá, en su intento de continuar desacreditando a las plataformas independientes y activistas denunciantes en las redes cuando, en julio de 2023, durante una reunión de la Asamblea Nacional, insinuó que se exageraba la violencia de género como parte de un esfuerzo imperialista para socavar la unidad en Cuba.
A pesar de estas declaraciones, las denuncias de falta de medidas efectivas para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género en Cuba persisten. No existen órdenes de alejamiento para proteger a las mujeres amenazadas, la Policía a menudo actúa con negligencia (el caso de Leidy Bacallao aquí expuesto lo corrobora) y no se han implementado políticas ni locales de protección para las víctimas y sus familias, a pesar de las demandas de las plataformas feministas independientes.
Denuncias ante la ONU
Recientemente el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) presentó su informe en Ginebra (ONU) durante el Examen Periódico Universal (EPU) y denunció en la ONU la inacción del Estado cubano ante los feminicidios.
Yanelys Núñez, coordinadora del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), denunció la inacción del Estado cubano ante los feminicidios durante las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, que evaluará a Cuba el próximo 5 de noviembre.
Núñez destacó que el Estado cubano no ha desarrollado una estrategia global para combatir la discriminación de género ni ha reconocido los feminicidios y la necesidad de abordar la violencia machista desde el Estado. También señaló que Cuba no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a pesar de las recomendaciones previas del EPU.
OGAT, junto con el Observatorio de Femicidios Yo Sí Te Creo (YSTCC), había registrado hasta el momento de la intervención de Nuñez, 173 feminicidios en Cuba desde 2019 hasta agosto de 2023.
Además, Núñez mencionó casos de violencia policial hacia mujeres lesbianas afrodescendientes y discriminación hacia personas trans, actos que aún no están considerados como discriminación en el Código de Trabajo de Cuba.
También destacó que la violencia por razones políticas mantiene a 137 mujeres privadas de libertad en Cuba, incluyendo a Brenda Díaz, una mujer transgénero que fue rapada y recluida en una prisión para hombres por participar en protestas pacíficas en julio de 2021. OGAT hizo un llamado a la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género, la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia machista y la incorporación del feminicidio como delito en el Código Penal, entre otras recomendaciones.
Las pre-sesiones del EPU permiten que las organizaciones de la sociedad civil informen a las Representaciones Permanentes sobre la situación de derechos humanos en sus respectivos países.
