Dos policías del municipio Los Arabos, en la provincia de Matanzas perdieron en total cuatro caballos a manos de los conocidos como “matarifes”, que operan con fuerte impunidad en la región occidental cubana, donde en lo que va de año se aprecia un fuerte incremento de los delitos calificados por el Estado cubano como “sacrificio ilegal de ganado mayor”, según reporta la red de publicaciones del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
La periodista Elvira Resquejo informó que en enero de 2022 ascendieron a 15 estos delitos en el territorio arabense, afectando a varios campesinos propietarios de ganado la zona, y hasta a dos policías: Yasmany Aladro Fonseca, jefe de sector del batey del central Israel Ruiz, y a otro oficial que se apellida Carbajal, sin precisar su nombre de pila ni la localidad donde desempeña sus deberes.
El pasado sábado 22 de enero le fueron sustraídos tres caballos al oficial Aladro Fonseca, de los cuales uno sería propiedad del Ministerio del Interior (MININT), y dos días después, el lunes 24, el oficial Carbajal descubrió que durante la madrugada “le mataron su caballo, amarrado en la ventana de su dormitorio”.
Un vaquero o vaquera local, identificada como Zoe Benítez, precisó que el delito fue cometido a las 2:00 de la madrugada, en el patio de la casa de Carbajal. Así como, refirió que en esos mismos días, en el “plan 44” de la empresa agro ganadera General Gusev “se llevaron 17 vacas de los linderos estatales”.
Ninguno de estos sucesos ha sido resuelto aún por las autoridades competentes, que aprecian una significativa escalada de estos actos a pesar de que en abril de 2021, el gobierno cubano autorizó a través de la Resolución 139 del Ministerio de la Agricultura —publicado en la Gaceta Oficial ordinaria número 49— “el procedimiento para el sacrificio, consumo y comercialización de las carnes de ganado bovino por los productores agropecuarios”.
A la vez, el nuevo Código Penal que será aprobado próximamente, establece mayores condenas para el delito de sacrificios no autorizados ni supervisados por las autoridades.
El Artículo 318.1 fija la pena de privación de libertad de 3 a 8 años, mayor con respecto a la actualmente en vigor, de 2 a 5 años. Quienes adquieran esta carne a sabiendas de su procedencia ilegal, podrán sufrir penas de 6 meses a un año o una multa de 100 a 300 cuotas, o ambas incluso. Mientras que en la actualidad no pasaba la condena de un máximo de 9 meses, con un mínimo de 3, con multas de solo hasta 270 cuotas.
