Entre el 10 y el 15 de enero se celebran en Cuba juicios a 57 ciudadanos, entre ellos 39 menores de 21 años de edad, por su participación en las protestas del 11J, encausados mayormente por el delito de sedición, un término que aplica para delitos políticos y de guerra, en franca contradicción con la reciente aseveración del gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez de que en Cuba no hay presos políticos y que las personas son libres de manifestarse contra las autoridades.
Los fiscales que desarrollan los procesos en las ciudades de La Habana, Santa Clara y Holguín —una por cada región geográfica del país— piden entre 10 y 30 años de privación de libertad —hay homicidas y feminicidas que cumplen sentencias menores en el país, incluso gozan de libertad condicional— a personas que declaran, así como sus familiares, haber salido pacíficamente a las calles el 11J a expresar sus ideas, sus desacuerdos con las políticas del gobierno, a reclamar libertad y a exteriorizar sus opiniones sobre el propio Díaz-Canel y su gestión presidencial y partidista.
Otros de los encausados también filmaron con sus teléfonos celulares, hicieron “directas” en vivo desde sus perfiles de Facebook, lo que sí contribuyó en gran medida ese día a que se expandiera por toda cuba el espíritu de desobediencia civil que tuvo su kilómetro cero en la ciudad de San Antonio de los Baños, en la actual provincia de Artemisa.
Yosvany Rosell, pendiente de una sentencia de 30 años
21 cubanos están siendo enjuiciados en el Tribunal Popular de Holguín, alrededor del cual se han desplegado más de un centenar de efectivos de la policía y de la seguridad del Estado vestidos de civil. Fotos revelan barreras metálicas alrededor del inmueble, bloqueando las calles Maceo y Mártires. Apenas se pueden nadie acercar.
Entre los encausados está Yosvany Rosell García Caso, de 33 años, padre de tres hijos y con padecimiento cardiaco crónico hace diez años, a quien la fiscalía solicita tres décadas de prisión. Fue detenido el propio día 11 de julio de 2021, por el supuesto delito de haberse manifestado violentamente, junto a otras 13 personas, frente a las sedes de instituciones oficiales.
Los gobiernos municipal y provincial de Holguín, la dirección de contrainteligencia del Ministerio del Interior, y una de los comités del Partido Comunista de Cuba fueron el “blanco” de sus acciones cuyo objetivo era, al decir de los acusadores “alterar el orden social socialista consagrado en la Constitución de la República de Cuba”, según reza en el auto de fiscalía, que además argumenta que García Caso salió a las calles “con la intención de integrarse y formar grupos numerosos que replicaran la convocatoria entre las personas que se encontraban a su paso, para formar mayoría que transmitiese la idea de un estado de inconformidad generalizada que validara sus reclamos, para lo cual motivaron al resto de las personas e invitaron insistentemente a transeúntes y vecinos que se unieran”.
El mayor hecho que se les imputa a los detenidos holguineros es gritar consignas “contrarrevolucionarias” que “laceran profundamente sentimientos patrióticos en los que se ha formado el pueblo revolucionario cubano”. Así que básicamente se les juzga por herir sensibilidades políticas y contradecir un discurso ideológico.
Según declaró su esposa Maylín Rodríguez Sánchez, Yosvany iniciará una huelga de hambre a partir de que se dicte la sentencia “para exigir sus derechos que le han sido arrebatados por exigir la democracia y libertad para el pueblo de Cuba”.
Andy García Lorenzo incomunicado en prisión de máxima seguridad de Villa Clara
En Santa Clara están siendo juzgadas 16 personas. El Tribunal Provincial está igualmente acordonado por fuerzas uniformadas del gobierno, que apenas permiten que los familiares y otros acompañantes se acerquen a sus inmediaciones.
“Aquí desde que llegamos estamos rodeados por la seguridad del estado, la policía, los boinas negras”, comentó Roxana García Lorenzo, hermana de Andy Dunier García Lorenzo, de 24 años, quien desde inicios de diciembre guarda prisión en la cárcel de máxima seguridad conocida como Guamajal, en la propia provincia de Villa Clara. Parece ser tan peligroso como Luis Manuel Otero Alcántara, sometido a semejante régimen.
En una carta firmada por la familia de Lorenzo cuyos destinatarios son las embajadas de 32 gobiernos en Cuba —Alemania, Brasil, Colombia, España, México, Naciones Unidas, Reino Unido, Vaticano y Unión Europea—, Roxana denuncia que su hermano permanece “sin derecho a llamadas telefónicas en una violación del debido proceso y la defensa efectiva. Solo tenemos acceso a él dos veces al mes”. Declara además que ha estado siendo “sometido a torturas, golpizas, amenazas de hasta 30 años de condena y a ser fusilado si no se retracta de su posición de conciencia”, aunque la fiscalía pide oficialmente 7 años de prisión por los delitos de “desórdenes públicos” y “desacato”.
Alrededor del 16 de diciembre, García Lorenzo fue sancionado dentro de la cárcel a dos meses sin llamadas telefónicas por transmitir datos a su hermana sobre otros presos políticos en Guamajal, con el objetivo de que recibieran ayuda a través del proyecto de corte humanitario Ayuda a los valientes del 11J. Roxana declaró entonces que se le amenazaba con sumar a sus causas la “instigación a delinquir”.
Roxana denunció ser seguida por toda la ciudad por efectivos de la seguridad del Estado y su esposo Jonatan López Alonso mostró una foto en su perfil de Facebook de una cámara de seguridad recién instalada frente al tribunal donde se realiza la vista oral. Omar Mena, otro activista opositor reconocido de la provincia, amaneció el 10 de enero con su casa rodeada por la policía para impedir que acudiera a las afueras del tribunal.
6 menores de años de La Güinera entre los juzgados en La Habana
La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que en Cuba hay 39 personas menores de 21 años bajo “medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional”.
Como en Cuba, la edad penal mínima establecida son los 16 años, la ley vigente no distingue a partir de esa edad entre adolescentes o personas adultas, como recomiendan entidades de las Naciones Unidas.
Yoilán Limonta Mojena, Yosnel Daniel Castro Fernández, Juan Yainiel Antonmarchi Núñez, Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso, todos de 18 años, Dariel Cruz García y Yurileidys Soler Abad, ambos de 20, son seis jóvenes residentes del empobrecido barrio habanero de La Güinera, que están siendo juzgados en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre. La fiscalía solicita penas de 15 años para ellos. Los otros 10, mayores de edad de entre 49 y 22 años, enfrentan penas de 20 y 21 años. Solo 5 y 6 años de diferencia.
Según el activista opositor José Díaz Silva, que mantiene contacto con los familiares de los encausados, el inmueble permanece igualmente rodeado por fuerzas policiales y de la seguridad del Estado. El panorama es idéntico en los tres puntos álgidos de estos juicios.
Según Díaz Silva, le fue permitido asistir al juicio de su hijo a Yaquelín Cruz, madre de Dariel Cruz, “el muchacho que allí en la prisión Jóvenes de Occidente, en el Guatao, La Lisa, le dieron dos puñaladas por la espalda y bueno la policía además le propinó una golpiza, entonces ella me contó que los testigos que lleva la fiscalía para acusar a estos muchachos, todos son del Partido Comunista, también miembros de la policía y la seguridad del estado”, describió.
Dariel., sin antecedentes penales previos, asiste al juicio con las heridas aun frescas producto de un apuñalamiento del que fue víctima el 6 de enero pasado en la referida prisión. Luego de una visita familiar, otro recluso sin identificar le propinó dos puñaladas con un objeto de metal oxidado, presumiblemente un fragmento de una reja, sin que se conozcan tampoco sus motivos.
A finales del pasado año, el 26 de diciembre, Dariel y Juan Yainiel Antonmarchi, también preso y enjuiciado en estos días, resultaron golpeados en una riña tumultuaria entre los presos de Jóvenes de Occidente, según testimonio de la madre del segundo, nombrada Evelyn, quien denunció que a su hijo “le partieron la cabeza”. 16 presos comunes atacaron con palos y objetos afilados a 5 detenidos políticos por las protestas del 11J.
Luego de este suceso violento, Juan Yainiel fue encerrado en una celda de castigo, supuestamente para su seguridad, según informaron los guardias de la prisión a su madre.
