En abril próximo el Parlamento Cubano aprobará la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, conocida como Ley SSAN, que al decir del Ministerio de la Agricultura (MINAG) en su sitio oficial, buscará establecer mecanismos para “evaluar y controlar” la “consolidación de sistemas alimentarios locales soberanos, sensibles a la nutrición”, la “disminución de las importaciones de alimentos, materias primas e insumos” y “la protección del derecho a la alimentación sana y adecuada de las personas”, entre otros aspectos.
El anteproyecto legislativo se da a conocer en medio de la aguda crisis alimentaria por la que atraviesa el país, donde solo abundan las carencias de casi todos los renglones básicos. Incluso la canasta básica, los “mandados” racionados por “la libreta” que proveen las bodegas a toda la ciudadanía, se ve gravemente afectado con numerosos retrasos en la venta de renglones como el café, la leche en polvo y otros.
Esta crisis es acreditada por el MINAG a condiciones externas como el “recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica por más de 60 años”, el “progresivo deterioro de los recursos naturales, el impacto creciente de eventos climáticos extremos y la carencia de recursos financieros, agravado por los efectos de la COVID-19”, a tono con la postura del Gobierno respecto a los factores que han desencadenado la aguda crisis política, social y económica casi sin precedentes que enfrenta la isla.
La ley referida también buscará garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos, así como “el cumplimiento de las políticas públicas aprobadas en materia alimentaria; la disminución de las pérdidas y desperdicios de alimentos; y la movilización de sistemas educacionales, de la cultura y de la comunicación social para fortalecer la educación alimentaria y nutricional”.
La Ley SSAN y su Reglamento se proponen como “el marco legislativo general para alcanzar la soberanía alimentaria, así como fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en función de la protección del derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada”, que solo sería básicamente posible de existir un amplio espectro de ofertas de productos para que la ciudadanía pueda escoger los regímenes dietarios más adecuados para su salud. El MINAG no refiere esto en su nota oficial.
La ley también busca pautar “un sistema de educación nacional relativo a las buenas prácticas alimentarias, en aras de prevenir enfermedades asociadas a la nociva y deficiente alimentación”, lo que recuerda a las posturas oficiales de hace algunos años respecto a la navegación de Internet, cuando aún muy pocos cubanos tenía acceso a la “red de redes” y se buscaba “alertar” a la ciudadanía sobre los peligros de esta sin que las grandes mayorías pudieran acceder realmente a la web.
Es algo tan elemental como que para ser educado en cuestiones alimentarias hay que disponer de alimentos, sino lo que en verdad se estaría aplicando sería una guía de supervivencia en medio de la crisis con los pocos y escasos productos disponibles. Algo como oficializar las “lecciones” del brasileño Frei Betto, que ha regañado literalmente al pueblo cubano por glotón y recomienda la harina de yuca como nueva “base de todo”.
El núcleo de la ley lo constituye la autonomía local, como parte de las políticas desarrolladas por el gobierno en otros ámbitos económicos, en los que busca conceder un gran margen de autonomía los gobiernos de las provincias y los municipios.
Por esto, el MINAG busca con esta ley legitimar “al sistema alimentario local como el eje central para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional y garantizar el derecho a la alimentación de toda la población y alcanzar la soberanía alimentaria, de manera sostenible”.
A la vez, la Ley SSAN establecerá “las obligaciones de los actores de los sistemas alimentarios locales en la transformación y comercialización de los alimentos” y fomentará “la producción de alimentos con la movilización de los recursos existentes en el municipio y se establecen las cuestiones a tener en cuenta por los actores de los sistemas alimentarios locales para lograrlo, con la incorporación del rol del comercio exterior y la inversión extranjera en el sector alimentario.
