La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó recién una Ley de Comunicación Social que, en la concreta, no cambia demasiado el panorama para el ejercicio del periodismo en Cuba.
Con todo el bombo y platillo, y el triunfalismo con el que ha sido pregonada en los medios oficiales, la flamante normativa no garantizará una mayor libertad de prensa, ni un relato más plural e independiente de la realidad en la isla.
Tampoco reconoce jurídicamente a los medios que narran una Cuba distinta a la que dibujan los medios regidos por el Comité Central del Partido Comunista, con más vocación propagandística que periodística.
En la vida real, la nueva ley pone en blanco y negro lo que se venía haciendo de siempre, solo que ahora quedó definido y sin margen al tecnicismo, ni zonas grises por las cuales salirse del guión estatal.
Sus defensores celebran lo que denominan una “construcción colectiva” del documento de 55 páginas, el cual tuvo 33 borradores antes de llegar al anteproyecto definitivo. Sin embargo, no fueron siquiera invitados a dar su opinión los actores de la sociedad civil con una propuesta alternativa a la narrativa oficial.
En esa cuerda… ¿fue verdaderamente inclusiva su elaboración? Si a ello se suma que fue aprobada de manera unánime por una legislatura integrada exclusivamente por diputados afines al gobierno, pues… era muy poco probable que, por una vez, el olmo diera peras…
Al leer la propuesta definitiva, el presidente del Instituto de Comunicación e Información Social, Alfonso Noya Martínez, recalcó que el documento busca afianzar la ideología socialista en la sociedad, así como defender la independencia, soberanía y seguridad del país.
En otras palabras, todo lo que sea diferente a una propuesta “socialista” ni siquiera será tomado en cuenta, sobre todo porque, como recalca el documento, Cuba se mantiene en “un escenario de guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural”.
La normativa regula el Sistema de Comunicación Social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, institucionales, de bien público y comerciales, en espacios físicos y digitales. Al respecto, el presidente Miguel Díaz-Canel defendió el “fuerte impacto” de esta ley para la seguridad nacional.
Así, por ejemplo, el artículo 13 estipula que en ningún caso los contenidos pueden “emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social”.
A su vez, queda prohibido el “tratamiento morboso a accidentes, hechos delictivos, desastres y otros eventos similares”, así como “difamar, calumniar o injuriar a las personas, los órganos, organismos, entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales del país”.
También se prohíbe, en el artículo 51, el uso de memes “para crear realidades falseadas con cualquier fin o propósito”. En esa cuerda, quien comparta un meme queda a expensas de que alguien interprete una amenaza a la seguridad nacional, o una ofensa a los líderes nacionales, y se corra entonces un riesgo judicial.
En resumen, el cuartico está igualito… o peor…
