La búsqueda de justicia es una constante en la sociedad, pero en algunos casos, parece ser una lucha cuesta arriba. En Cuba, dos familias devastadas por la pérdida y el sufrimiento claman por justicia en casos que involucran a funcionarios y empleados del gobierno.
Una de las reclamantes es la hermana de Cristian Castro Cannet, un joven custodio que fue asesinado en junio en el Aeropuerto de Camagüey.
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Su hermana, identificada en Facebook como «Marice La Divina», ha estado publicando mensajes desgarradores pidiendo justicia. A pesar de que se capturó al presunto asesino, los medios oficiales no se han pronunciado sobre el caso, dejando a la familia en un estado de incertidumbre y dolor.
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Marice expresó su dolor por la pérdida de su hermano y prometió no descansar hasta que los responsables sean castigados.
También denunció que la zona donde Cristian hacía guardia carecía de medidas de seguridad adecuadas, lo que podría haber facilitado el crimen de su hermano. Marice ha criticado la falta de transparencia y la tardía implementación de medidas de seguridad en el aeropuerto.
El otro caso es el de una familia en Mayarí.
Un accidente fue causado por Wilfredo Martínez Hasty, un chofer del gobierno local que conducía en estado de ebriedad y con un vehículo en mal estado, resultó en la muerte de un hermano y en la demencia del padre.
A pesar de las pruebas y testimonios en este caso, el chofer fue liberado bajo fianza y reclusión domiciliaria, mientras que las autoridades parecen haber invertido los papeles, tratando a las víctimas como los culpables, denuncian ellos desde el Oriente cubano.
“Tengo grabaciones de testigos, que lo escucharon en el lugar del accidente diciéndoselo al oficial de la motorizada que se encontraba allí, que había tomado y que el carro no tenía luces, ni frenos, y ahora en la prueba que le hicieron salió negativa, claro, si violaron los procedimientos, se lo llevaron del lugar y al parecer no le hicieron ninguna prueba para ver si estaba ebrio. Al cuarto día, le impusieron una fianza de 10 mil pesos y reclusión domiciliaria”, denunció.
La denunciante, que es abogada, exige justicia y responsabiliza tanto al chofer como a los funcionarios del gobierno que lo están ayudando y revela incluso cómo se le puso, «bajo palabra» de ella y comprometimiento que la repondría al otro día, una bolsa de sangre a su hermano.
«El 25 de agosto mi papá de 50, ciudadano integrado a la sociedad, y mi hermano de 27, trabajador de la termoeléctrica de Felton, donante de sangre, padre de un niño de 3 años, y con su esposa embarazada de 38 semanas de gestación, sufrieron un accidente, donde mi hermano desgraciadamente falleció luego de unas horas en el hospital de Mayarí, donde tuve que rogar para que le pusieran una bolsa de sangre que tenían de reserva y comprometerme con el encargado del banco de sangre en ese momento, a reponerla al otro día, imagínense, en ese momento podía prometer bajar la luna, solo quería que salvaran la vida de mi hermano, y por otro lado mí papá operado del corazón previamente, con muchos golpes en la cabeza y demás partes del cuerpo, con peligro para su vida, el que fue remitido para Holguín, cuando apareció una ambulancia por gestión de la familia que se quejaron a todas las instancias, en medio del dolor de haber perdido a mí hermano”, dijo.
Ambos casos reflejan un patrón preocupante de impunidad y falta de transparencia en el sistema judicial, o al menos de justicia demorada; en las cuales las familias afectadas no solo tienen que lidiar con la pérdida y el sufrimiento, sino también con un sistema que parece proteger a los perpetradores en lugar de impartir justicia, o al menos de demorar en impartir la justicia.
