La Junta de Apelaciones de Inmigración ha reafirmado que un parole condicional otorgado bajo la Sección 236(a)(2)(B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, conocido como I-220A, no es lo mismo que un parole humanitario, que se entrega bajo la Sección 212 (d)(5).
Dicho de otra manera: tras más de un año de demora para emitir un fallo, la mencionada junta ha admitido que el I-220A es parole, pero condicional, no humanitario, y, por tanto, no hace elegibles a los cubanos para aplicar a su residencia permanente o green card a través de la Ley de Ajuste Cubano.
Según ha destacado dicha instancia, las personas liberadas con I-220A no fueron inspeccionados y admitidos o parolados, como se requiere para que los cubanos puedan ajustar su estatus al año y un día de haber ingresado al país.
Asimismo, ha recalcado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tiene la discreción de liberar a las personas que entran de manera irregular al país, o de forma regular, pero que son inadmisibles, con un parole 212 (d)(5) o uno 236(a)(2)(B), o incluso ponerlos en un proceso de deportación.
Ahora, a pesar de que la liberación bajo la 236(a)(2)(B) sigue sin darle la opción a los cubanos de aplicar a la Ley de Ajuste, los abogados de Inmigración Jesús Novo y Mayron Gallardo, han recalcado que “no es final”, sino que hay dos oportunidades más de apelar: una ante el Noveno Circuito, y otra ante la Corte Suprema, donde se puede revisar el caso.
“Hay muchísimos casos que primero han sido denegados y luego se han ganado en la Corte Suprema”, recalcó Gallardo.
De acuerdo con Novo, “parole es parole” y la Ley de Ajuste no especifica que tiene que habérsele dado un parole 212 (d)(5) o uno 236(a)(2)(B) a un cubano, sino que sencillamente tiene que haber sido parolado.
Sin embargo, aunque todavía hay esperanzas de que a los cubanos con I-220A se les permita ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste, en tanto se desarrolla el proceso de apelación, que puede durar años, quienes tienen I-220A deben “prepararse bien” y “buscar todas las opciones posibles” para defender sus casos de asilo político.
En tanto, según informó además el periodista de América TeVé, Mario Pentón, hay congresistas, como María Elvira Salazar y Mario Díaz Balart, que están tratando de interceder ante el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, para que esta realidad cambie.
