Por tercera ocasión la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió una respuesta del Estado cubano en torno a las acusaciones sobre “presuntos abusos de derechos humanos” sufridos por personal médico y otros profesionales de la isla que participan en “misiones de internacionalización”.
De acuerdo con una carta de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, dirigida al gobierno cubano y fechada el 2 de noviembre de 2023, “información reciente recibida contradice en muchos puntos” la proporcionada por Cuba en una comunicación anterior.
“Quisiera reiterar mi inquietud por los presuntos abusos de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la intimidad, la libertad, la libertad de expresión y de asociación, y la libertad de circulación de las y los profesionales cubanos en programas y misiones de migración temporal en países contratantes”, se lee en la misiva firmada por el relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata.
La exigencia de la Relatoría Especial parte de la denuncia presentada por la ONG Prisoners Defenders ante esa instancia en mayo de 2019, para la cual “la acusación por la que la ONU acusa a Cuba por esclavitud enfatiza sobre las amenazas, el acoso y la violencia sexual” a 50,000 médicas, enfermeras y profesionales, “por parte de los funcionarios cubanos”.
Desde la óptica de la citada Relatoría Especial de la ONU, los profesionales enviados por Cuba a misiones en el exterior, entre los que se cuentan médicos y personal sanitario, docentes, marinos, ingenieros, artistas, músicos, deportistas y arquitectos, continuarían siendo sometidos a condiciones laborales de explotación.
“Los salarios del personal cubano serían considerados inadecuados porque no permiten sostener una vida digna, y suelen estar por debajo del salario medio de las personas trabajadoras en los respectivos países de destino”, señaló la carta, sin desatender el hecho de que existen “la confiscación de pasaportes” y “los toques de queda” en algunos países.
Según la información recibida por Naciones Unidas, la libertad de movimiento de los trabajadores cubanos en el exterior sigue siendo restringida y vigilada por el gobierno cubano en los países contratantes; y “algunas personas trabajadoras estarían sometidas a acoso o violencia sexual, amenazas y/o violencia física”, abusos generalmente cometidos por empleadores, asesores jurídicos, directores de misión, gerentes, funcionarios y administradores.
Asimismo, el documento llamó la atención sobre las condiciones desventajosas bajo las que son contratados los profesionales cubanos, sujetos a una “cláusula de regreso”; baja remuneración salarial; pago de honorarios; comisiones al Partido Comunista; subrogación a la legislación cubana aunque se trabaje fuera de la isla; falsificación de contratos y firma por parte de funcionarios cubanos, en lugar de los trabajadores; e imposiciones personales como la obligación de dar a luz en Cuba e impedir a los trabajadores obtener la residencia en los países de destino.
Por otro lado, la relatoría advirtió que los gobiernos de Italia, Catar y España podrían calificar como cómplices de mecanismos que podrían estar ocultando “violaciones muy graves”: desde el trabajo forzoso, la esclavitud contemporánea, el acoso, la violencia sexual y las amenazas, hasta la violencia física.
Para Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, estas acusaciones evidencian “una vez más” que “el régimen cubano viola sistemática e impunemente los derechos humanos de su pueblo”, por lo que hay que “seguir muy de cerca el caso”.
Si bien las autoridades cubanas niegan las acusaciones relacionadas con prácticas esclavizantes y de coacción a los profesionales que laboran en brigadas en el exterior, la Relatoría Especial supo de muchos trabajadores que “no estarían participando voluntariamente en dichas misiones, sino bajo coacción”.
No obstante, en enero de 2020 la Misión Permanente de Cuba ante la ONU aseguró que “no se aplica ningún tipo de presión ni represalias a aquellos que no desean participar en las misiones de cooperación médica”.
En cualquier caso, desde la ONU apuntaron a la pobreza aguda y las limitadas fuentes laborales como otros factores que llevarían a muchos profesionales a acogerse a las misiones internacionales, aun sabiendo que, si se quedaran fuera del país, serían acusados de ‘desertores’ y tendrían que estar ocho años sin poder entrar a Cuba.
