El régimen cubano ha señalado que el bloqueo de EE. UU. está obstaculizando la entrega de ayuda humanitaria en la isla. La ONU también ha sido mencionada en este contexto.
Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, defendió la política de Washington hacia Cuba y aseguró que su país mantiene el compromiso de enviar ayuda humanitaria directa al pueblo cubano. En paralelo, reportes periodísticos indican que el Departamento de Estado habría planteado a Canadá una coordinación política más estrecha frente a La Habana, aunque no se ha confirmado una respuesta oficial de Ottawa.
El observatorio Food Monitor Program presentó ante el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación un informe que acusa al conglomerado militar GAESA de monopolizar divisas, importaciones y distribución de alimentos en Cuba. La producción agrícola nacional cayó 67% en cinco años, el 96% de los cubanos perdió capacidad de compra, y Cuba importa hoy el 80% de lo que consume.
Bruno Rodríguez insistió en que Cuba está dispuesta a continuar conversaciones bilaterales con Estados Unidos sin injerencia en sus asuntos internos, su sistema político y sus elecciones.
Un sindicato cubano presentará un informe ante la ONU que revela que el salario promedio en la isla es de solo 11,2 euros al mes. La situación laboral es crítica.
Un encuentro entre Estados Unidos y la ONU se centró en la grave crisis humanitaria en Cuba, donde la escasez de alimentos y medicinas es cada vez más alarmante.
El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó desde Nairobi que no existe solución militar para Cuba y exigió diálogo constructivo, mientras Trump acumula más de 240 sanciones desde enero y ha reducido las importaciones energéticas cubanas entre el 80% y el 90%. La advertencia internacional llega en el momento de mayor tensión entre Washington y La Habana en décadas.
Un diplomático cubano intentó frenar denuncias de racismo en la ONU y terminó abucheado. El episodio expone tensiones crecientes entre el discurso oficial y activistas afrodescendientes.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU exige al gobierno de Cuba el paradero y estado de salud de los sobrevivientes del choque naval en Villa Clara.
La ONU alertó sobre un posible colapso humanitario en Cuba en medio de apagones, escasez de combustible y presión de EE.UU. sobre el suministro petrolero.
Tras el azote del huracán Melissa por el oriente de Cuba, el país se mueve en dos planos que parecen no tocarse. En uno, la ONU anuncia un plan de 74,2 millones de dólares y aterriza en Santiago de Cuba con 4,375 lonas para hogares sin techo. En otro, madres como Yurisleidis Remedios se graban desde barrios de Santiago para denunciar que “nos estamos muriendo de hambre”, que las morgues “están colapsadas” y que, pese a las donaciones anunciadas, en sus neveras no hay nada y en sus cocinas solo queda leña.
El rebrote cubano ocurre, además, en un contexto de interrupción de campañas de control por falta de combustible y de personal, y con brigadas de fumigación que llegan tarde o no llegan. La combinación de crisis energética, viviendas dañadas por Melissa y presión epidemiológica es la ecuación que vuelve “invernal” un pico que antes asociábamos solo a las lluvias.
En resumen: sí, el dinero alcanza, pero solo si se elimina la burocracia, se articula la producción nacional y se evita el modelo de venta de materiales al damnificado. Los cálculos no son teóricos; son los mismos que la sociedad civil ha expuesto estos días en redes y foros técnicos. Con 74 millones bien gestionados, Cuba puede reconstruir todas las casas perdidas y devolver el descanso básico —una cama, un techo, un refrigerador funcionando— a quienes lo perdieron todo.
