El proyecto de ley en Massachusetts intenta expandir el acceso a beneficios estatales para inmigrantes de bajos ingresos.
Los defensores dicen que esto aliviaría las dificultades que enfrentan las familias vulnerables y las comunidades con grandes poblaciones de inmigrantes.
Aunque conllevaría un costo inicial, prevendría mayores gastos a largo plazo en servicios que el estado está obligado a proporcionar.
Un proyecto de ley presentado en Massachusetts busca restablecer los beneficios públicos estatales para inmigrantes de bajos ingresos que anteriormente estaban disponibles entre 1997 y 2002.
Actualmente, debido a los requisitos de elegibilidad federales, solo los inmigrantes de ciertos países como Cuba y Haití pueden acceder a beneficios federales como SNAP y asistencia en efectivo. Sin embargo, inmigrantes con estatus similar de otros países como Venezuela, Nicaragua y Colombia no califican para estos beneficios.
El proyecto de ley H135/S76 permitiría que aproximadamente 15,000 a 18,000 personas accedan a beneficios estatales de nutrición y asistencia en efectivo. Esto ayudaría a familias vulnerables, incluyendo niños y madres, a cubrir sus necesidades básicas.
Los defensores del proyecto de ley argumentan que la legislación aliviaría la presión sobre organizaciones comunitarias como despensas de alimentos y otros recursos estatales estirados, como el sistema de refugios de emergencia que actualmente alberga a miles de migrantes.
En ciudades con grandes poblaciones de inmigrantes, la legislación ayudaría a las personas a pagar viviendas estables para sus familias. De no aprobarse, muchas de estas familias podrían terminar en el sistema de refugios de emergencia, el cual Massachusetts está obligado a proporcionar como estado de «derecho a refugio», señala NBC Boston.
Se estima que el proyecto de ley costaría $18 millones en su primer año, con la mayoría de los fondos destinados a beneficios alimentarios. Sin embargo, los defensores argumentan que el costo inicial podría proteger a Massachusetts de gastos mayores a largo plazo, incluyendo necesidades crecientes de vivienda y atención médica que podrían agobiar aún más a las comunidades.
Los defensores dicen que la legislación garantizaría el acceso a la «nutrición básica» para los inmigrantes. Relatan historias desgarradoras de niños desnutridos y personas que se saltan medicamentos debido a las barreras de costos. Argumentan que nadie debería enfrentar la difícil decisión entre comida y atención médica.
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