Cómo denunciar las ilegalidades en medio de la censura de una Ley de Comunicación Social

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A pesar de la amplitud de datos expuestos en un trabajo del diario oficialista Escambray, la «fortuna por lo contado» parece esbrozar el camino hacia la denuncia, siempre y cuando, – dice el refrán – se juegue con la cadena, pero no con el mono. Es decir, siempre y cuando se sortee la censura y se de la información de manera adecuada a los ojos de un decisor supremo.

Al menos esa idea se extrae de la lectura de un texto donde se enumera detalladamente el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas en Sancti Spíritus, pero donde no se vislumbra un nombre y, cubano que se respete, sabe que en esta madeja llamada «Vivienda y Urbanismo», la corrupción está que da al pecho.

Se habla, en ese texto, sobre cómo un nuevo levantamiento hecho en 2022 reveló 2,593 violaciones, principalmente de personas naturales, y señala que hasta junio, se habían resuelto 1,089 de las 2,010 ilegalidades planificadas, incluyendo la legalización de viviendas ilegales bajo regulaciones establecidas.

Seria imposible precisarlo, pero la ausencia de «detalles» en este trabajo sobre las ilegalidades, pudiera tener una explicación en otro texto publicado por el propio diario oficialista, donde se quejan en otras cosas de la censura. Monda y lironda, por más que la arropen en eufemismos y retóricas.

Este texto, a fin de cuentas, es el que más interesa, tal vez porque de ilegalidades urbanísticas estamos ya acostumbrados.

La demora en la información es otra forma de censura, y es inútil

Se quejan en el diario Escambray cómo la Ley de Comunicación Social, recientemente aprobada en la Asamblea Nacional de Cuba, busca «propiciar» el acceso a la información y eliminar la práctica de la censura, lo cual va en contra del principio fundamental del periodismo que es la inmediatez, aunque claro, todavía queda mucho camino por recorrer. Sobre todo, si para denunciar no puedes siquiera atreverte a nombrar al culpable de todo.

El texto apunta que la demora en la difusión de información es igual a negarla, y la falta de transparencia perjudica la credibilidad de los medios.

A pesar de la nueva ley, muchos organismos continúan restringiendo el acceso a la información, lo que contradice sus obligaciones establecidas en la legislación.

La ley, muy bonita en el papel, pretende que la información se divulgue de manera inmediata y transparente, pero la realidad parece estar alejada de esta intención, y Escambray discute cómo los medios de comunicación deben luchar para que la ley no quede en papel y se convierta en una norma efectiva en la práctica.

Y se citan ejemplos curiosísimos, cuando se expone que tenderle cercos a la información es inútil «cuando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son tan ilimitadas y se sabe primero por un post en Facebook que el hotel Saratoga se desplomó o que empezó a arder la Base de Supertanqueros de Matanzas».

«Ejemplos, por desgracia, sobran. Cansados están los periodistas de padecer tales arbitrariedades y de denunciarlas», y denuncia cómo «días atrás en conferencia de prensa la dirección de Turismo en la provincia daba a conocer a los periodistas un mecanismo —maquiavélico—, implementado, al decir de los directivos, por el propio ministerio para acceder a la información.»

Según explica Escambray, «los periodistas deben hacer una solicitud formal donde expliciten, además de sus datos personales, las fechas en las que se pretenden hacer los trabajos, las instalaciones a visitar, los objetivos, si se tomarán imágenes o se grabarán videos, los medios en los que se publicarán los productos comunicativos para que, luego de ser analizado por la Dirección de Comunicación del Ministerio del Turismo —en un lapso que puede tardar días—, comuniquen a las direcciones provinciales si proceden o no los trabajos,» y señala que igual (mala) experiencia se sufre «con las cadenas Cimex y Tiendas Caribe y con la Empresa del Gas —a los que hay que llenarles formularios y plantearles intereses hasta para saber la distribución de los puntos de venta— para que, después de sortear tantas trabas, en el mejor de los casos, los trabajos periodísticos se publiquen cuando ya todos se han enterado por otros medios.»

En el texto se menciona como ejemplos de «saltarse las normas», la publicación el 11 de marzo del 2020 de la confirmación de los primeros casos de COVID-19 en Cuba. O la publicación del video «de la crecida que partió en dos el puente sobre el río Zaza y que casi ahoga a aquellas dos muchachas, en mayo del 2018»; o del brote diarréico que obligó a «la suspensión del partido entre Granma y Sancti Spíritus», y valientemente reconoce que «cada zancadilla en el acceso a la información es un paso más a la censura».

«Cada vez que la prensa pierde oportunidad en decir, la ganan en mentir o en tergiversar otros. Y el descrédito siempre pesa sobre todos. Aún seguimos sin entenderlo,» plantea la nota, que recoge otro ejemplo nefasto: una mejor cobertura noticiosa que pudo dársele desde Sancti Spíritus al asesinato del profesor espirituano Santiago Morgado, algo que no se logró porque «dejó de publicarse porque cuando el Tribunal Popular Provincial lo revisó, lo mandó al Ministerio de Justicia para su aprobación y llegó la respuesta a este medio de prensa, ya había pasado un mes de dictarse las sentencias».

No obstante, si en el primer ejemplo faltaron por mencionar hechos más claros, con nombres y apellidos, de los que cometieron ilegalidades, a este segundo trabajo le falta mencionar quién es el culpable general de tanta censura.

Escambray pudiera, por ejemplo, cuestionarse por qué no se habla de feminicidios en la prensa oficial. O de suicidios. ¿Quién impuso el velo de la censura y se negó la información sobre tales temas en la prensa oficial? ¿Quién sino, aquellos que les interesa promocionar la felicidad de todos los cubanos dentro de la isla y la ausencia de delitos universalmente reconocidos? ¿Quién sino, los que pretenden envolver la isla en un disfraz de falsa seguridad?

Si ni siquiera eso se puede, pasarán años, hasta conocerse los nombres y hechos vinculados a ciertas prácticas muy entronizadas de abuso sexual entre dirigentes, funcionarios y secretarias, entre los cuales el Primer Ministro Manuel Marrero ostenta tristes honores.

Tal vez la venerada – por Escambray – Ley de Comunicación no llegue a tanto, porque león y mono, son la misma cosa.

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