Este lunes comenzó el juicio en las cortes británicas a raíz de la demanda presentada contra el Banco Nacional de Cuba y el Estado cubano por parte del fondo de inversión CRF I Limited, que reclama el pago de 100 millones en deuda soberana al gobierno de La Habana.
La jueza de la división comercial de la Alta Corte de Londres, Sara Cockerill, será la encargada de determinar si el fondo de capital de riesgo con sede en Islas Caimán es un acreedor legítimo de Cuba.
Una semana atrás, la Superintendencia del Banco Central de Cuba (BCC) reconoció que “actualmente se está desarrollando en Londres un procedimiento judicial ante el Tribunal Superior de Justicia británico por una reclamación de recuperación de deuda contra el Banco Nacional de Cuba (BNC) y la República de Cuba”.
El comunicado de la entidad, que califica al demandante como un “fondo buitre”, indica que CRF I Limited no es acreedor del BNC y de Cuba y que “nunca lo ha sido”.
Como parte del litigio en marcha desde hace años, los inversionistas aseguran que funcionarios del Banco Central accedieron a retomar los trámites de deuda en 2019.
Los abogados de la defensa respondieron que esos arreglos fueron ilegales, pero más tarde renunciaron a ese argumento.
Recientemente se conoció que el director de operaciones del Banco Nacional, Raúl Olivera, fue condenado a 13 años de cárcel en la isla por su presunta participación en un esquema de soborno relacionado con este caso.
Las vistas del actual proceso judicial demorarán toda esta semana y parte de la siguiente, y más tarde la jueza Cockerill podría tardar semanas en dictar sentencia.
El juicio no tratará si Cuba debe pagar o no el monto cercano a los 100 millones de dólares que reclama el demandante, que adquirió los títulos de deuda soberana de Cuba relacionados con préstamos del banco holandés Credit Lyonnays y del Instituto Bancario Italiano (IBI) a la isla en 1984.
CRF I es el principal tenedor de deuda cubana dentro del grupo llamado Club de Londres, grupo informal de acreedores privados de deuda soberana y se estima que a finales de 2017 su cartera estaba valorada en unos 1.300 millones de dólares en títulos de deuda no pagada por la isla.
Varios analistas coinciden en que si Cuba pierde en la corte, CRF podría redoblar su apuesta para reclamar el pago de los títulos de deuda adquiridos y crearía un precedente que favorecería la aparición de nuevas demandas contra la isla.
