La Fiscalía General de la República ha solicitado penas de prisión de entre 20 y 30 años para tres ciudadanos cubanos bajo cargos asociados con el terrorismo; unas solicitudes que se producen en medio de una creciente «agitación política» en la isla, con implicaciones sobre espionaje que involucra al gobierno cubano; denuncias desde La Habana sobre terrorismo «made in Miami» y hasta la presunta infiltración de una persona por la costa norte de Cuba.
Los tres individuos enfrentan acusaciones graves, incluyendo el lanzamiento de dos cócteles molotov a la sala del Archivo Municipal del Tribunal Popular de Centro Habana, y la colocación de carteles subversivos. Además «accionaron sobre la sede de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR)» donde, según indica el gobierno, llegaron a lesionar a una persona.
El principal acusado en este caso es Lázaro García Ríos. El acusado confesó haber sido él quien arrojó los cócteles molotov y haber organizado todas las acciones luego de contactar con cubanos residentes en Estados Unidos. Estos actos, según la Fiscalía, se enmarcan dentro de actividades consideradas como terrorismo, lo que justifica la aplicación de la Ley contra el Terrorismo en este caso.
Uno de los incidentes más notorios que se les atribuye a los acusados es el incendio del Archivo del Tribunal, con la Fiscalía enfatizando en la gravedad de estos actos, describiéndolos como un ataque directo a la estabilidad y el orden público del país.
La petición de penas tan severas ya ha comenzado a suscitar reacciones diversas dentro y fuera de Cuba.
Mientras algunos ven estas medidas como necesarias para mantener el orden y la seguridad, otros las consideran excesivas, poniendo a Cuba en el foco de las discusiones sobre la justicia.
También están, entre los comentarios vistos, los que recuerdan que precisamente estas tácticas de lanzar cocteles Molotov y exponer carteles fue una de las estrategias que asumieron grupos como el Movimiento 26 de Julio y el Directorio Estudiantil 13 de marzo para derrocar a Batista, lo que eventualmente condujo al triunfo de la Revolución Cubana. A esos, les parece muy irónico que el gobierno que llegó al poder poniendo cocteles molotov, organizando una guerra de guerrillas y protestando en las ciudades, juzgue a personas 65 años después por lo mismo.
El juicio a los tres acusados con las severas condenadas solicitadas por el Ministerio Fiscal contribuye a reforzar ante la opinión pública el discurso enarbolado por el gobierno cubano que insiste en la necesidad de mantener el orden de los actos terroristas contra su territorio, justificando así el espionaje del que hace gala continuamente y cuyo punto máximo de expresión llega precisamente por estos días – de lo que no ha rendido cuenta ni ha hablado aún – con la captura de un exdiplomático norteamericano que habría estado trabajando para la Seguridad del estado cubano desde hace ya más de 40 años.
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El veredicto de este caso será crucial no solo para los acusados, sino también para el futuro de la libertad política en Cuba, pues los cargos se dividen entre, digámoslo así, el lanzamiento de los cocteles y la agitación – con propaganda política.
Quedará entonces por ver cuántos años corresponderán al lanzamiento de los cocteles – responsabilidad de García Ríos – y cuántos por exhibir carteles. Ya sabemos que al joven Luis Robles, por este último «delito», le impusieron cinco años de cárcel.
