Desde el 1 de julio pasado entró en vigor una ley aprobada por amplia mayoría por la legislatura estatal y firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que impide a ciudadanos de Cuba, Venezuela, China, Rusia, Irán y Corea del Norte comprar propiedades o tierras agrícolas ubicadas a 20 millas o menos de una instalación militar, puertos, aeropuertos, puentes, plantas de energía, sistemas de telecomunicaciones u otras infraestructuras vitales en el estado.
Esta prohibición se ajusta a nacionales de estos países que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, incluyendo todos los que viven legalmente en el país con visas de trabajo o turismo, o con asilo; o a empresas cuyos dueños sean de esos países.
O sea, la ley HB 1355/SB 264, que impide a los ciudadanos de dichos países adquirir propiedades cercanas a puntos estratégicos en el estado de Florida, perjudica especialmente a las personas de estas nacionalidades que no sean residentes permanentes ni ciudadanos estadounidenses y quieran comprar una propiedad en Miami-Dade. Es decir, que no podrán comprar ningún inmueble en este condado.
Hay que recordar que en esta zona del sur de Florida está ubicada el aeropuerto y el puerto de la ciudad, así como la base Comando Sur de Estados Unidos, que pertenece al Departamento de Defensa.
Como botón de muestra, vale tener en cuenta que en 2022 en Miami-Dade vivían 700,000 cubanos, y el 35% de los habitantes de una de sus ciudades más populares, El Doral, había nacido en Venezuela.
De acuerdo con lo que ha declarado DeSantis, esta ley busca “frenar la influencia del partido comunista chino en el país y en el estado”, y “proteger los intereses de seguridad nacional de los floridianos”.
Al mismo tiempo, esta medida ha sido criticada por algunos defensores de las libertades civiles porque resulta “discriminatoria” e “inconstitucional” ya que asume que todos los ciudadanos de estos países, que no sean ya ciudadanos o residentes permanentes, representan una amenaza. Dicho en otras palabras, esta ley juzga a las personas por su nacionalidad.
De cualquier manera, durante la ceremonia de firma de la ley, De Santis dijo que “queda claro que no queremos al Partido Comunista Chino en el estado del sol. Ellos han establecido un poderío económico y militar mucho mayor hoy que lo que era hace 20 o 25 años. Y quieren expandir su poderío en todo el mundo”.
Muchos de quienes se oponen a esta ley señalan que la misma levanta injustamente sospechas sobre cualquier persona con nombres remotamente asociados con orígenes asiáticos, rusos, iraníes, cubanos, venezolanos o sirios que deseen comprar propiedades.
De hecho, contra la misma se interpuso una demanda a finales de mayo, porque “impone prohibiciones discriminatorias sobre la propiedad y compra de bienes inmuebles por motivos de raza, etnia, extranjería y origen nacional, e impone restricciones especialmente draconianas a las personas de China”.
La ley, que apunta a los chinos con las restricciones más duras y sanciones, obligaría a los migrantes chinos a cancelar la compra de nuevas viviendas y registrar sus propiedades existentes ante las autoridades estatales, bajo la amenaza de sanciones severas.
