Los mayores robos en la historia reciente de Cuba

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Los robos en empresas estatales cubanas no se han dado a conocer en su mayoría por la red de medios del  gobierno cubano, pero  algunos, debido a su trascendencia popular, sí se han hecho públicos en la prensa estatal, que ha informado brevemente las medidas o condenas contra los implicados en estos sucesos .

A continuación pasamos revista a varios de esos robos en una lista en la que también se mencionan intentos de secuestro que han provocado la pérdida de vidas humanas.

Cuando Comunales “metió la mano» por millones de pesos

Varias empresas y organismos cubanos protagonizaron un sonado desfalco que se dio a conocer públicamente  en 2015.  La Unidad Presupuestada de Servicios Comunales (UPSC) de Boyeros, en La La Habana así como en la Dirección Municipal de Finanzas y Precios (DMFP) y el Centro de Gestión Contable del mismo territorio, se vieron implicadas en una trama de corrupción que dio como resultado el robo de más de 10 millones de pesos.

El hecho fue investigado con una auditoria especial que “analizó las extracciones de efectivo para los pagos de salario, vacaciones y subsidios, unido a los cheques que respaldaban esas operaciones en la etapa señalada. Tras este proceso se descubrió que los cheques emitidos por Comunales eran superiores a las nóminas de sus trabajadores. 

“incluso aparecían extracciones de efectivo sin respaldo documental, operaciones que provocaron una afectación al Presupuesto local ascendente a nueve millones 408 263 pesos en CUP”, indicó una nota del diario oficialista Granma.

El entramado de robos y corrupción provocó, entre otras cosas, que los trabajadores no recibieran los utensilios correspondientes para su trabajo, porque los recursos nunca llegaron a sus manos.

En estos sucesos continuados de robo participaron entre un amplio de personas Yeney Molina Martínez, directora municipal de Finanzas y Precios, Felicia Bonne Vicet, a cargo del Centro de Gestión Contable y de Miriam Rivero Corona, técnica en gestión económica.

Las condenas a los implicados dictadas por el Tribunal Provincial Popular de La Habana oscilaron entre 10 años de prisión hasta penas de trabajo correccional sin internamiento.  

Suchel en la ruta del desfalco 

Tres años atrás 19 trabajadores de la fábrica de Suchel en La Habana fueron sancionados por adulteración y robo de jabones tras una lluvia de quejas de la población por la mala calidad de los jabones  Lis y Batey.

En la investigación salió a la luz que los trabajadores involucrados en la red de corrupción obtenían excedente de 20 kg de jabón por cada tonelada producida debido a la adulteración del producto. 

Tras los hechos fueron detenidas 19 personas, de las cuales 17 fueron separadas definitivamente de sus cargos. Al resto le fueron aplicadas medidas cautelares.

Aviones de Cubana de Aviación volando “por cuenta propia” 

En 2011 ocho dirigentes fueron sancionados por corrupción tras descubrirse un robo millonario relacionado con la compañía Cubana de Aviación y la empresa comercializadora de productos biotecnológicos y farmacéuticos Heberbiotec S.A.

Los implicados en los hechos usaban aviones propiedad de la aerolínea gubernamental Cubana de Aviación para vender “clandestinamente espacio a compañías latinoamericanas para transportar sus mercancías de un país a otro, y los directores se embolsaron todo el dinero», dijo desde La Habana Femando Ravsberg, ex reportero del medio británico BBC. 

Cuando querían más dinero, agregó, «comenzaron entonces a informar que una u otra nave se encontraba reparándose en Canadá, cuando en realidad las tenían transportando pasajeros en otros destinos».

Los insólitos hechos estuvieron ocurriendo durante bastante tiempo sin que llamaran la atención de las autoridades locales y entre sus implicados estuvo Max Marambio, un empresario chileno y amigo personal de Fidel Castro. Marambio era dueño de la compañía de viajes turísticos Sol y Son.

Tras el escándalo, que llevó a la destitución del presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, el general Rogelio Acevedo, los medios estatales se limitaron a mencionar las condenas a las personas involucradas sin dar más detalles de lo sucedido.

“La sala de lo penal de esta capital impuso sanciones de tres a 13 años a seis dirigentes de entidades de Cubana de Aviación y dos de la Empresa comercializadora de productos biotecnológicos y farmacéuticos Heberbiotec S.A”, dijo una nota del Tribunal Provincial de La Habana.

El comunicado añadió que fueron impuestas “sanciones de siete y seis años a los principales responsables comerciales de la sucursal extranjera Caribe Cargo S.A, quienes se encuentran sujetos a otro proceso penal pendiente de sentencia por hechos asociados a actos de corrupción”.

“A los sentenciados se les aplicaron sanciones accesorias de confiscación de bienes y dinero adquiridos como resultado de los delitos y la prohibición de ejercicio de profesiones, cargos u oficios que desempeñaban al momento de los hechos”, agregó el texto.

Los robos de lanchas o aviones para emigrar también han tenido mucha repercusión en Cuba y han costado vidas humanas.

Uno de los que más se recuerda ocurrió el 9 de enero de 1992 cuando siete personas asaltaron la Base Náutica de Tarará, al este de La Habana, para robar las embarcaciones y llegar a Estados Unidos. 

En el asalto murieron todos los agentes cubanos que trataron de contrarrestar a los asaltantes menos el sargento Rolando Pérez Quintosa, quien luego de luchar por su vida varios días en el hospital  murió el  16 de febrero de 1992 por las heridas causadas por los disparos recibidos.

El 2 de abril de 2003 un grupo de jóvenes secuestró La Lanchita de Regla para llegar a las costas de la Florida. En le embarcación habían unas 30 personas entre ellas dos turistas extranjeras. Los secuestradores no pudieron cumplir su propósito porque la embarcación  no contaba con suficiente combustible. 

Tras la detención de los implicados Fidel Castro ordenó el fusilamiento de 3 de los jóvenes responsables en los acontecimientos. Las condenas fueron revisadas en solo tres días por el Tribunal Supremo y por el Consejo de Estado y sus integrantes respaldaron de forma unánime la medida.  

Los jóvenes fueron fusilados el día 11 de abril de 2003, en un hecho que le valió al gobierno de Castro la condena internacional.

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