En un impactante giro de los acontecimientos, otra vida se ha perdido trágicamente a causa de la violencia de género en Cuba, informó el activista Niover Licea en sus redes sociales.
Se trata de una joven llamada Ariannis en la zona rural de Chivirico, Santiago de Cuba, asesinada por su esposo. Este, luego de cometer el crimen, se suicidó.
A pesar de los esfuerzos para combatir la violencia de género, Cuba continúa luchando contra altas tasas de incidentes de este tipo, que a menudo culminan en feminicidios, en los que las mujeres son asesinadas por sus parejas actuales o anteriores. De confirmarse este hecho como un feminicidio, sería el número 17 del año, confirmado, aunque existen otros casos que las plataformas independientes que llevan el subregistro han informado que necesitan acceso a la investigación policial para confirmarlos o no.
Estos crímenes son un crudo recordatorio de las consecuencias letales de la desigualdad de género y las normas sociales que perpetúan la violencia contra las mujeres y la ausencia de una ley específica que clasifique y aborde el feminicidio refleja un problema más amplio dentro del marco legal y social cubano que no protege adecuadamente a las mujeres, como ha señalado recientemente el portal Havana Times.
Informes recientes indican una tendencia preocupante en Cuba hacia el aumento de la violencia de género, a pesar de algunos avances en la conciencia pública y las respuestas institucionales. Iniciativas como el establecimiento de centros de atención en los municipios, cuyo objetivo es proporcionar un entorno confidencial para que las víctimas busquen ayuda, reflejan un reconocimiento cada vez mayor del problema. Sin embargo, aún está por verse la efectividad de estas medidas.
El trasfondo social de estos crímenes es multifacético. Económicamente, muchos cubanos enfrentan graves dificultades, y la escasez de artículos de primera necesidad como alimentos y medicinas exacerba las tensiones en los hogares.
Estas condiciones, sumadas a la falta de apoyo institucional suficiente y de medidas preventivas, contribuyen a la naturaleza cíclica de la violencia, ha declarado reiteradamente Human Rights Watch. Por si fuera poco, los roles de género tradicionales y el estigma que rodea a denunciar la violencia desalientan a las víctimas a buscar ayuda, dejando a muchas sufriendo en silencio.
Existe un llamado desde la sociedad civil a establecer leyes dentro del Código Penal y reformas más integrales para abordar las causas profundas y las manifestaciones de la violencia de género.
Las propuestas incluyen mejorar las políticas públicas, crear divisiones especializadas para el tratamiento de este tipo de delitos y aumentar el apoyo a las víctimas. Sin embargo, el régimen no parece interesado en seguir los cánones ya establecidos y efectivos, que se han tomado en otros países donde, si bien existe la violencia de género por igual, los crímenes han disminuido al tener, por ejemplo, un sistema de alerta y aviso temprano ante la desaparición de una mujer.
Por si fuera poco, el régimen persigue y hostiga a quienes llevan adelante las denuncias y la lucha. Sin un marco legal, perseguidos y estigmatizados, los periodistas y activistas independentes, el ciclo de violencia continuará.
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