Diecisiete personas fueron condenadas en Cuba por el delito de trata de mujeres y niñas, revela un informe oficial que, además, menciona otro cifra de escándalo: Más de 2000 menores cubanos fueron víctimas de abusos sexuales en 2020.
No lo dice la prensa indepedendiente. Lo dice el Informe Nacional sobre trata de personas 2020, publicado este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex).
17 personas condenadas en Cuba por tráfico de mujeres y niñas
Según reseña la agencia AFP, uno de los adultos condenados en Cuba por su relación con estos delitos, es una mujer que fue condenada a siete años por los delitos de proxenetismo y trata de personas. La mujer ejerció el engaño y envió a una joven cubana a Trinidad y Tobago, supuestamente en un contrato de trabajo, pero la joven terminó envuelta en una red de prostitución. La cubana terminó trabajando en un centro nocturno, ejerciendo como prostituta, explica el informe.
La victimaria tenía un acuerdo con un sujeto, que le pagaba 200 dólares “por cada joven captada”, sostiene el reporte.
“En el período en que la víctima trabajó en el centro nocturno, conoció de la llegada de otras jóvenes cubanas a ese país, y algunas de ellas habían sido captadas por la acusada”, añade el documento.
El informe no detalla que, la salida hacia Trinidad y Tobago obedecía evidentemente al intento por parte de la joven, de encontrar fuera de su país una mejor vida, o al menos una vida digna y plena que la alejases de la profunda crisis económica, política y social en que está envuelta la isla desde hace varias décadas.
El informe resume en 17 personas, 11 son hombres y seis mujeres, los que actuaron en diferentes provincias del país, y cometieron al menos 15 delitos, todos relacionados con la trata y abuso sexual. Incluso a menores de edad.
Como resultado del actuar inescrupoloso de estas 17 personas, dieciocho personas resultaron ser víctimas; de ellas, ocho personas eran adultas; las otras diez, niñas, menores de edad.
El reporte oficial precisó que esos casos se refieren al delito de “trata con fines de explotación sexual y uno de ellos incluye la modalidad de trata con fines de trabajo forzado”, añadió.
Adultos utilizan a sus hijos a cambio de dinero
Lo hubiese sacado a la luz El Estornudo y tal vez la historia hubiese sido diferente. Pero, debido a la nula transparencia oficial, y a que las cifras oficiales de estos y otros datos similares no están disponibles al escrutinio público, solo entidades y organismos del gobierno cubano tienen acceso a ellas.
No obstante, el fénomeno está ahí; latente. Como es el caso de los padres que utilizan a sus menores de edad en actividades mercantiles a cambio de beneficios económicos; como es el caso identificado de una mujer en Matanzas, alcohólica (enferma) que prostituía a sus dos hijas de 14 y 12 años, a cambio de dinero. La acusada pactó con un sujeto para que este tuviese relaciones con las menores a cambio de dinero pues consideraba que sus “hijas que debían obtener dinero para su alimentación, ya fuera por pedirlo o por tener relaciones sexuales con hombres dispuestos a pagar”.
El informe no precisa si la mujer fue tratada clínicamente, por psicólogos y psiquiatras, a fin de evitar su dependencia al alcohol, base de sus delitos; o si recibió ayuda gubernamental al respecto. En informe detalla apenas que, aún enferma, por cuanto el alcoholismo es reconocido como una enfermedad y una dependencia – como lo son las drogas -, fue condenada a ocho años de cárcel.
El informe señala que, en el caso de las sanciones contra las personas adultas involucradas en estos delitos, “las sanciones penales para los victimarios oscilaron en el rango de 6 a 12 años de privación de libertad”.
Salta a la luz la poca severidad con el que el Código Penal cubano condena este tipo de delitos, que en otros países se sanciona con penas superiores a los 20 años de cárcel.
Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos hizo mención al tema y dijo que Cuba no hace lo «suficiente para combatir la trata de personas». Debido a eso, el martes, el gobierno de los Estados Unidos dijo que mantendría congelada la ayuda no humanitaria y no comercial a la isla por sus insuficientes acciones en el combate de la trata de personas.
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Lo revelado en el informe del MINREX confirma el temor sobre el tema, aunque aseguran que «se mantiene una baja incidencia» del delito de trata de personas debido a las acciones preventivas y las operaciones contra las redes de tráfico
En el informe se recoge también el caso de «6 ciudadanos estadounidenses, registrados como agresores sexuales en el Estado de Florida, sobre quienes las autoridades de Estados Unidos alertaron de su viaje a Cuba», y debido a ello las autoridades cubanas le negaron su entrada a la isla.
Otras cifras del Informe Nacional sobre trata de personas 2020 en Cuba.
Cuba registró 2,145 niños víctimas de presuntos abusos sexuales en el año 2020.
Este número podría incluso no ser exacto, si se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos, las víctimas de este tipo de delitos no suelen hacer referencia al hecho.
Los abusos sexuales a los menores fueron tipificados de la siguiente manera: abusos lascivos (1 196), corrupción de menores (317), violación (331), ultraje sexual (220), pederastia (44), estupor (21), incesto (15), proxenetismo y trata de personas (1).
En varios de estos casos fue fundamental la labor de los maestros. A través del Ministerio de Educación se conocieron ocho abusos lascivos; un caso de acoso sexual, y otro de violación. Involucrados en ellos se vieron diez personas que recibieron “medidas administrativas y penales”, por lo que se presume que algunos de los victimarios pudieron ser los propios maestros, o al menos algún trabajador del Ministerio de Educación. El informe añade que las víctimas recibieron “la atención requerida”.
«Ninguno de los casos anteriores constituyó hechos de trata de personas, al no haberse cometido con fines de explotación, pero implicaron situaciones de riesgo o delitos contra los menores de edad, que de no haber sido atendidas pudieron haber derivado en la explotación de los mismos», advierte el informe en sus páginas.
Otros casos y cifras que detalla el informe
El informe publicado en Cuba resume también otros casos iguales de escalofríantes. Entre ellos el de una pareja que obligó a trabajar de manera forzada a una niña de apenas diez años de edad. La menor, también fue explotada sexualmente.
Según se explica en el informe, la pareja ofreció a la menor al menos a cuatro hombres adultos para que sostuvieran relaciones sexuales con la niña. Los adultos pagaron con su dinero para ejercer el abuso.
El hecho ocurrió en la provincia de Mayabeque. Debido a las «labores» de la menor, esta concurría de manera intermitente a la escuela.
En una parte del informe se lee:
“El acusado empezó a tocarla (a la menor) libidinosamente hasta llegar a realizarle el sexo. La acusada conocía estas acciones y no realizó alguna acción para impedirlo, además, le exigió a su hija que negara lo ocurrido cuando la niña se lo dijo a su maestra. La madre no actuaba en contra del acusado porque supuestamente era lo necesario para que la ayudara a mantener a sus otros hijos”.
Por tal delito, la pareja fue juzgada y condenada en el Tribunal Provincial Popular de Mayabeque.
Identificada como una madre y al hombre que tenía por pareja, la primera recibió una condena de diez años de cárcel, mientras que su pareja (el hombre) fue condenado a siete años de privación de libertad.
En resumen: al menos 2,145 niñas y niños fueron víctimas de abusos sexuales en Cuba durante el 2020.
El informe revela que los menores fueron tratados en tres Centros de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (CPNNA) que existen en Cuba, en las ciudades de La Habana, Santiago de Cuba y Santa Clara; así como en otras instituciones ubicadas en otros territorios.
En total, de los 2145 casos, la mayoría, 1196, sufrió abusos lascivos; 331, violación; 317, corrupción de menores; 220, ultraje sexual; y el resto, pederastia (44), estupro (21) e incesto (15).
Solo un caso se asoció con hechos de proxenetismo y trata de personas.
El informe justifica el hermetismo y la no disponibilidad de estos datos a la prensa no oficial bajo el pretendido argumento de «proteger a las víctimas», en muchos de estos casos, niñas; y expresan claramente que «como parte de la estrategia de trabajo que se desarrolla, se realizan acciones para proteger debidamente la identidad de las niñas y niños víctimas, evitándose además la divulgación de información que pueda conducir a la identificación de estos.»
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