El gobierno de Estados Unidos informó este martes que no proporcionará ayudas a Cuba que no estén relacionada con la asistencia humanitaria o con el comercio en el año 2022, además que votará en contra de préstamos internacionales de ese tipo a la isla.
De acuerdo con un memorando enviado por la Casa Blanca al secretario de Estado, Antony Blinken, la administración de Joe Biden tampoco permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural de funcionarios o empleados de los Gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria» durante el año fiscal, que concluye en septiembre próximo, de acuerdo con un reporte de Efe.
Washington tomó esa determinación luego de comprobar que los gobiernos de esos países no hacen lo suficiente en el enfrentamiento a la trata de personas.
El presidente Biden precisó que la medida se mantendrá en vigor «hasta que dichos Gobiernos cumplan con los estándares mínimos» de la Ley de Protección de Víctimas de Trata «o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos», indica la fuente.
Asimismo, el mandatario estadounidense dio instrucciones a los representantes de EE.UU. en los bancos multilaterales de desarrollo para que «voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos” de las respectivas instituciones que no esté dirigido a la asistencia humanitaria, relacionada con el comercio o a la ayuda para el desarrollo en esos países.
Estados Unidos mantiene a Cuba en su lista «lista negra» de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas.
Por su parte, el gobierno de la isla afirma que mantiene una política de “tolerancia Cero” ante ese flagelo en cualquiera de sus variantes.
Un informe publicado recientemente por la Cancillería cubana, subraya que a pesar de la pandemia de COVID-19, las autoridades de la isla continuaron con la implementación del “Plan de Acción Nacional para la prevención y enfrentamiento de la trata de personas y la protección a las víctimas (2017-2020), herramienta fundamental en la actuación coordinada entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil cubana para el abordaje a este grave delito”.
El texto detalla que en ese período fueron juzgados 15 casos por delitos “con rasgos típicos” de trata, en su mayoría vinculados a la explotación sexual y en uno de ellos, también relacionado con fines de trabajo forzado.
“Se identificaron 18 víctimas, de ellas 10 son niñas y 8 son mujeres. Las sanciones penales para los victimarios oscilaron en el rango de 6 a 12 años de privación de libertad. De los 17 acusado identificados, 11 son hombres y 6 son mujeres”, precisa el informe publicado en el sitio digital del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).
Las autoridades cubanas aseguran que mantienen acciones de cooperación e intercambio de información con organizaciones internacionales como la Interpol, el sistema de las Naciones Unidas y los organismos homólogos de otros países, “en aras de propiciar una mayor prevención y enfrentamiento a la trata de personas”.
