El fallo dado por un tribunal de inmigración en contra de los migrantes a los que se les otorgó una “orden de liberación bajo fianza”, también conocida como I-220A, está sacudiendo mayoritariamente a la Florida.
La Junta Federal de Apelaciones de Inmigración dictaminó este lunes que los inmigrantes cubanos a quienes se les concedió esta I-220A en la frontera terrestre no son elegibles para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966 y dejó en un limbo legal a cientos de miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos a través de la frontera sur con México. Inmigrantes que «estaban acostumbrados» a solicitar tarjetas de residencia después de permanecer en Estados Unidos durante más de un año, gracias al permiso condicional de residencia (o Parole) en Estados Unidos. Si bien la I-220A no era un Parole per se, algunos cubanos que la habían recibido – muy pocos para ser justos – habían podido convertirse en residentes permanentes bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Otros, incluso algunos de los que llegaron «de primero», todavía están en el limbo. Se les ha ido renovando el permiso de trabajo, en espera de que ajusten su status migratorio de otra manera.
La buena noticia es que el fallo puede ser apelado. Y el Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad para cambiar el estatus de estos inmigrantes.
No pocos critican las políticas fronterizas caóticas y contradictorias del Departamento de Seguridad Nacional, que básicamente dejó a discreción de los agentes fronterizos en los puertos de entrada el otorgamiento de Parole, I-220A e I-220B. Incluso, puede haberse dado el caso, de que algunos conocidos represores, ex-militares, miembros de organizaciones del gobierno como el PCC y la UJC hayan logrado mentir tan bien ante los agentes de Inmigración que hayan entrado con Parole en la mano.
La cifra de quienes recibieron uno y otros documentos se desconoce. Desde el verano de 2021, un número récord de cubanos han llegado a Estados Unidos, y la cifra general más aceptada de intercepciones de cubanos en la frontera de Estados Unidos con México desde octubre de 2021 es de 350 mil, para no hablar de aquellos miles que entraron a Estados Unidos a través del Estrecho de Florida.
Sin embargo, si bien ese 350 mil es «aceptado» – digamos que conocido – lo que sí se desconoce es el número de inmigrantes que recibieron la I-220A en la frontera (que fuese).
Se estima que el número está alrededor de los 200.000 cubanos. Otros mencionan cifras superiores, pero en general – los que sean – son cubanos a los que la decisión del Tribunal de Inmigración podría afectar negativamente en la búsqueda de un cambio en su estatus legal al año y un día, como les permitía la ya mencionada Ley de Ajuste Cubano de 1966.
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Pudiera pensarse que el Departamento de Seguridad Nacional quiere impedir que las personas obtengan un estatus permanente, pero básicamente lo que se reconoce es que la I-220A no es la vía «legal» para que se acceda a ese status. En cambio, «incentivan» los métodos ya establecidos para hacerlo.
Sobre eso habló recientemente el conocido abogado de inmigración residente en el Sur de la Florida, Willy Allen.
El abogado cubano Wilfredo Allen habló sobre la decisión de la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración (BIA) en relación con el formulario I220A, señalando que aunque es una batalla perdida, no es el fin de la lucha y que en el futuro hay esperanzas de una solución para los afectados. Allen aclaró que los cubanos con este formulario no están en riesgo de deportación y que pueden apelar.
También los congresistas Mario Díaz-Balart y la congresista María Elvira Salazar compartieron mensajes de crítica y esperanza para los migrantes cubanos con I220A.
“Este es sólo otro resultado de la política irresponsable, grotescamente irresponsable, inmoral e inhumana de esta administración en la frontera sur”, dijo Díaz-Balart.
El congresista cubanoamericano emitió una declaración sobre la situación de los cubanos con el formulario I-220A en Estados Unidos y criticó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de impugnar la residencia permanente para algunos cubanos con I-220A, calificándola como «grotesca». Díaz-Balart, republicano, culpó a la Administración Biden por causar confusión e injusticia en la política de inmigración y expresó su preocupación continua desde el año pasado con relación al tema. Díaz-Balart prometió seguir luchando por los afectados, instando a la Administración Biden a asumir la responsabilidad por los problemas generados y restaurar el orden en el sistema de inmigración.
Por su parte, la representante María Elvira Salazar (republicana por Florida), que representa al barrio de La Pequeña Habana de Miami, dijo que está presionando y que continuará presionando para que la administración Biden rectifique la situación y garantice que los cubanos que recibieron la I-220A reciban los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano.
La republicana aseguró que había conversado con el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, sobre la incertidumbre que enfrentan los cubanos en posesión de este formulario.
Sin embargo, lo cierto es que hasta el momento la respuesta de la administración demócrata ha sido nula. Se dice que la Administración Biden está trabajando en encontrar una solución para los cubanos que entraron a los EE.UU. con I-220A, que incluye la posibilidad de un parole especial para regularizarlos.
Otro que se manifestó sobre la decisión del tribunal de Inmigración fue el boxeador cubano Yordenis Ugás.
Ugás dijo estar «muy triste por la decisión de la Corte sobre la decisión de los cubanos que entraron con la I-220A no calificaran para residentes».
«Pero tenemos mucha culpa en esto, porque como comunidad hemos perdido el respeto,» señaló.
