Un jurado federal en Houston ha presentado acusaciones contra seis ciudadanos cubanos por tráfico ilegal de aves cantoras migratorias. Los acusados, Antonio Cabrero Ruano, Roberto Guimaray Machado, Luis Valdez Machado, Iran Almarales Garcia, Ediel Barroso Quintero y Alexander DeJesus Lechuga, varios de ellos originarios de la provincia de Camagüey, enfrentan cargos según el Migratory Bird Treaty Act y/o el Lacey Act, según un comunicado del Departamento de Justicia.
La operación implicaba la captura y venta ilícitas de aves protegidas como los indigo buntings, painted buntings, rose-breasted grosbeaks, blue grosbeaks and house finches, entre otros. Indigo buntings son los llamados «azulejos» en Cuba (ver foto de portada).
Estas aves son a menudo utilizadas en competiciones de canto en las que se apuesta grandes sumas de dinero, una práctica común en Cuba y otros lugares. Las aves migran de Canadá, a través de Texas, hacia Sudamérica y son atrapadas en Houston, comúnmente utilizando una «ave cebo» viva para atraer a otras aves a la trampa.
La investigación resultó en la incautación de más de 300 aves capturadas ilegalmente, que fueron entregadas al Zoológico de Houston y a Moody Gardens para su evaluación y liberación, si su estado de salud lo permitía. Aquellas demasiado enfermas o heridas quedaron al cuidado de los zoológicos.
Según el Fish and Wildlife Service (FWS), este tráfico ilegal tiene un impacto significativo en las poblaciones de aves silvestres, ya que estas aves no están adaptadas para vivir en cautiverio y a menudo mueren poco después de ser enjauladas.
Si son condenados, cada acusado enfrenta un máximo de cinco años de prisión por violar el Lacey Act, dos años por violar el Migratory Bird Treaty Act y posibles multas de hasta $250,000.
Dos personas más, Reydel Cabrales Rosa y Luis Alonzo Martinez, ya han sido condenadas en relación con este caso. La FWS llevó a cabo la investigación con la asistencia de los guardabosques de juegos de Texas y está siendo procesado por el Asistente del Fiscal General de EE.UU., Robert S. Johnson.
Las autoridades también buscan educar al público sobre las leyes de vida silvestre y disuadir futuros delitos, destacando que el tráfico ilegal de fauna silvestre no es un problema oculto, sino que ocurre abierta y descaradamente en mercados de pulgas y plataformas en línea como Facebook.
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