Departamento de Justicia

Douglas DePodesta alega que fue obligado a renunciar tras el fracaso de procesos judiciales contra manifestantes anti-ICE.

El cubano Yoirlan Tome-Rojas fue condenado en San Antonio, Texas, a 210 meses de prisión federal por tráfico laboral de tres mujeres cubanas. Según el Departamento de Justicia, les impuso deudas de hasta 50.000 dólares por traerlas a Estados Unidos y las obligó a trabajar siete días a la semana en clubes de striptease y a entregarle todas sus ganancias.

El cubano Javier Marrero Pando declaró bajo juramento en 2020 que nunca había cometido un delito por el que no hubiera sido arrestado. Meses antes había agredido sexualmente a un hombre con necesidades especiales. El Departamento de Justicia pide ahora revocar su ciudadanía.

Andrew Haden, fiscal federal asistente y dos veces fiscal interino del Distrito Sur de California, fue hallado muerto dentro de una oficina federal de San Diego. La Policía descarta por ahora intervención criminal y espera el dictamen del médico forense.

El agente de ICE Christian Castro fue arrestado y compareció ante una corte de Minnesota acusado de disparar y herir en una pierna al inmigrante venezolano Julio Sosa-Celis en enero de 2026, durante la Operación Metro Surge. El caso ha estado marcado por acusaciones de que el propio Departamento de Justicia impidió que se le imputaran cargos más graves por violación de derechos civiles.

El fiscal general Todd Blanche anunció cargos contra 11 personas por presuntamente dirigir una red que organizó más de 1,000 matrimonios falsos entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros, principalmente de China, para tramitar residencias legales fraudulentas. El esquema, activo desde al menos 2016, generó decenas de millones de dólares y operó desde Nueva York hacia otros siete estados, con conexiones en China y Vanuatu.

Así lo recalcó el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche.

Trump destituye a Pam Bondi mientras el Pentágono aparta al general Randy George, en un nuevo episodio de la política de relevos que marcó su primer mandato.

El caso se juzgó apenas dos meses después de otro atentado contra Trump en Butler, Pensilvania, donde un tirador alcanzó a rozarle la oreja antes de ser abatido por un francotirador del Servicio Secreto. Para la fiscalía, el intento frustrado de Routh buscaba “silenciar las voces y los votos” de los estadounidenses; citando a Thomas Jefferson, los fiscales dijeron al jurado que “nadie decide una elección de esa manera”.

En conjunto, los tres casos dejan una misma enseñanza: el fraude rara vez luce igual dos veces. Puede anidarse en una oficina contable, en empresas pantalla que parasitan programas públicos de salud o, dolorosamente, en el seno de una familia. Para las empresas, la lección es reforzar controles internos y revisiones independientes; para los mayores y sus familias, desconfiar de presiones de “urgencia” y segmentar la gestión patrimonial con salvaguardas; y para el sistema, perseguir con firmeza tanto el fraude privado como el que drena recursos públicos. Porque los millones que se esfuman no son abstractos: son empleos, tratamientos, rentas de ancianos… y confianza cívica que cuesta años reconstruir.

Magaly Travieso y Yudorki Ramirez, una pareja cubana en Miami, fueron condenados por orquestar un esquema de fraude al seguro médico que generó más de $10 millones en pagos indebidos. Les confiscaron más de $6 millones en bienes.

El despido de Watson se suma al de otros fiscales con historial sobresaliente que han sido removidos por su participación en las investigaciones contra Trump.

Varios cubanos, algunos originarios de la provincia de Camagüey, irán a la cárcel por este delito.

Más de 300 documentos clasificados fueron recuperados más de un año después de que Trump dejara la Casa Blanca, la mayoría bajo citación en junio de 2022 o durante una búsqueda del FBI en agosto de 2022.

¿Cuáles son los cargos federales? Estos: Obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso. Conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Conspiración para hacer una declaración falsa. Ayudar a una insurrección. El Comité dijo que no descarta recomendar "más cargos en el futuro", pero será el Departamento de Justicia quien decidirá si procesar o no al ex presidente.