El Parole Humanitario, el programa de inmigración que permite a personas de ciertos países entrar a Estados Unidos por razones humanitarias o de beneficio público significativo, se puso en marcha inicialmente a finales del año 2022, específicamente para los venezolanos. Posteriormente, en enero de 2023, el programa se extendió para incluir a cubanos, nicaragüenses y haitianos que cumplan con ciertos requisitos. Ahora, una reciente decisión de la administración Biden pudiera poner a pensar a muchos si, los cubanos, serán protegidos mucho más allá de un simple «Parole».
Nos referimos a la decisión anunciada este 20 de septiembre de 2023, por parte de la administración Biden, de que otorgará estatus legal temporal a cientos de miles de venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos, haciéndolos elegibles para trabajar.
¿Se viene igual decisión para los cientos de miles de cubanos que ya están dentro de los Estados Unidos? Muchos apostarían a que sí.
Esta medida de la administración Biden es parte de los esfuerzos para gestionar el creciente número de personas que huyen de Venezuela y otros países para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.
El Departamento de Seguridad Nacional planea otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a aproximadamente 472.000 venezolanos que llegaron a los EE. UU. antes del 31 de julio de 2023. Esto se suma a unos 242.700 venezolanos que ya habían calificado para el TPS antes del anuncio.
La decisión busca apaciguar a los líderes demócratas que han estado presionando a la Casa Blanca para que haga más por los solicitantes de asilo, dijo AP.
Sin embargo, al mismo tiempo, genera críticas de los republicanos que argumentan que la administración ha sido demasiado laxa en materia de inmigración.
Pero, más allá de eso, hay un problema real ya dentro, que la administración quiere y tiene que solucionar. Por eso, planea acelerar las autorizaciones de trabajo para migrantes a través de varios medios, incluida una aplicación móvil para citas en los cruces terrestres con México.
Sin embargo, los permisos de trabajo acelerados no se aplicarán a quienes crucen la frontera ilegalmente y soliciten asilo; por ley, deben esperar seis meses para recibir permisos de trabajo.
La medida se produce cuando la administración enfrenta desafíos en la gestión de la frontera, incluido un número creciente de inmigrantes y críticas de funcionarios demócratas y republicanos.
Con al menos otros mil 500 migrantes esperando bajo el puente de Eagle Pass para entrar a los Estados Unidos, otra pregunta flota en el aire: ¿hasta cuándo estará la administración Biden permitiendo entrar a ilegales a los Estados Unidos?
Al menos, para los cientos de cubanos que el pasado fin de semana protestaron en las puertas del restaurante Versailles por una reciente decisión que neutraliza el uso del I-220A como documento de admisión en los Estados Unidos, para la legalización del status – a residente – mediante la Ley de Ajuste Cubano, esta nueva decisión de la Administración Biden a los venezolanos les da algunas esperanzas.
Si a aquellos, los «ayudaron» primero, tal vez a nosotros, nos toque pronto.
Algunos dirían que el Secretario del Departamento de Estado, Alejandro Mayorkas, es cubanoamericano y no puede darle la espaldas a los suyos, y ofrecerle la mano a los venezolanos. A fin de cuentas ambos – cubanos y venezolanos – son hermanos en una misma desgracia. Solo que, la de los cubanos, se extiende mucho más allá en el tiempo.
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