En un hecho que ha sorprendido a los medios y que resalta las complejas dinámicas del contrabando de divisas, Mirtza Ocana, una mujer de origen cubano de 38 años residente en Tampa, Florida, fue arrestada bajo la acusación de ingresar ilegalmente más de $100,000 desde Cuba a Estados Unidos.
Ocana fue detenida el pasado 5 de febrero tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tampa en un vuelo procedente de La Habana. Al pasar por aduanas, declaró no portar más de $10,000, el límite que exige la ley estadounidense para la declaración de grandes sumas de dinero. Sin embargo, una inspección rutinaria de su equipaje reveló la presencia de aproximadamente $30,000 en efectivo, ocultos en tres paquetes envueltos. La situación se agravó cuando, tras una búsqueda más exhaustiva, los agentes encontraron $70,000 adicionales escondidos entre sus ropas, elevando el total a más de $100,000.
La investigación, llevada a cabo por Homeland Security Investigations (HSI) y la Aduana y Protección Fronteriza de EE. UU., reveló que Ocana había realizado 45 viajes entre Cuba y Tampa desde mayo de 2023, lo que podría indicar una operación de contrabando a gran escala.
La cubana admitió haber volado de Cuba a Tampa dos a tres veces por mes con el propósito específico de introducir efectivo en Estados Unidos, a plena conciencia de la ilegalidad de sus acciones.
El desenlace de este hecho subraya la seriedad con la que Estados Unidos aborda el contrabando de dinero y otras formas de delincuencia transnacional. Más allá del hecho de cuestionar – pues se desconoce – bajo que estatus migratorio esta cubana permanecía en los EE.UU., el simple hecho de mentir a una autoridad en frontera, acarreará dificultades ante la ley.
Normalmente las personas que cometen algún tipo de delito relacionado o no con el lavado de dinero, que buscan ingresar grandes cantidades de divisa a un país niegan, en el momento de la entrada, que posean encima más de $10 mil dólares o su equivalente en moneda extranjera.
Sin embargo, la ley no lo impide, siempre y cuando se pueda demostrar la procedencia lícita del dinero.
Las leyes estadounidenses permiten la entrada de cualquier cantidad de dinero o instrumentos monetarios al país, siempre que se declare cualquier suma superior a $10,000: una medida que busca prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en el movimiento de grandes sumas de dinero.
Declara o no declarar: He ahí el dilema
Pero, ¿cuáles son las consecuencias legales de no declarar grandes sumas de dinero al ingresar a EE. UU.?
Al ingresar a Estados Unidos, los viajeros deben cumplir con una serie de regulaciones aduaneras y financieras, especialmente cuando se trata de transportar grandes sumas de dinero. Según las leyes federales de Estados Unidos, cualquier persona que ingrese o salga del país con más de $10,000 en efectivo o equivalentes monetarios debe declarar la cantidad ante la aduana mediante el formulario FinCEN 105. El incumplimiento de esta normativa puede llevar a consecuencias legales significativas, que incluyen:
- Confiscación del Dinero No Declarado: La consecuencia más inmediata de no declarar grandes sumas de dinero es la confiscación de los fondos no declarados por parte de las autoridades aduaneras. Esto significa que el dinero puede ser retenido permanentemente por el gobierno sin derecho a recuperación.
- Multas: Además de la confiscación del dinero, los individuos que no declaran las cantidades requeridas pueden enfrentarse a multas sustanciales. Estas multas pueden exceder el valor del dinero no declarado y se imponen para disuadir la ocultación de fondos y el incumplimiento de las normas aduaneras.
- Cargos Criminales: En casos graves o cuando se sospecha de actividades delictivas subyacentes como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, los individuos pueden enfrentarse a cargos criminales. Estos cargos pueden llevar a penas de prisión, además de las multas y la confiscación de fondos.
- Investigación Adicional: No declarar grandes sumas de dinero puede desencadenar investigaciones adicionales por parte de las autoridades fiscales y de seguridad. Esto puede incluir auditorías fiscales, seguimiento de transacciones financieras y evaluación de la fuente de los fondos, lo que puede llevar a descubrimientos de otras irregularidades fiscales o legales.
Si Ocana es encontrada culpable de estos cargos, podría enfrentarse a una pena máxima de cinco años en prisión federal.
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