Activistas, periodistas independientes, familiares, internautas y sociedad civil logran ligeras victorias en Cuba. La Fiscalía se desdice y contradice, pero algunos llaman a los manifestantes del 11J «delincuentes»
Sucesos recientes en Cuba dan a entender que algo raro sucede en materia de justicia en la isla. Especialmente con relación a los detenidos con posterioridad al 11 de Julio y sus familiares.
Personas cercanas al oficialismo – como el hijo de Fidel Castro, Alex Castro Soto del Valle y algún que otro «panelista» en algún programa de Youtube – han calificado incluso a todos los detenidos como delincuentes, y en el caso de los adolescentes, jóvenes, los han llamado «delincuenticos».
Otros, incluso, como ehabían negado la existencia de menores de edad entre los detenidos – ahora, desmentidos por la propia Fiscalía General de la República no han salido a rectificar su negación – y a algunos les queda la amarga sensación, más allá de lo que diga la FGR, que algo no se ha hecho bien. O al menos no se ha sido del todo transparente. Al margen de eso, activistas y madres, por «protestar» han sido citados por la Seguridad del Estado y de la PNR en Cuba, indistintamente.
Pero, vayamos por partes y veamos cómo actúa la Justicia en Cuba.
En un post que tituló «Información sobre los procesos penales derivados por los disturbios del 11 de julio de 2021», el fotógrafo, dijo que «este pueblo tiene todo el derecho a defenderse y a que se respete su soberanía y su tranquilidad» y se preguntó:
«Qué se pensaron estos delincuentes?»
Luego resumió su sentir con otra frase:
«Basta ya de las mentiras y de la lloradera!!»
Nada nuevo bajo el Sol. Eso sí. Sus «declaraciones» contrastan un tanto con las hechas por las Fiscalía General de la República que, hasta hace apenas unas horas había desmentido que, por ejemplo, hubiese menores de edad entre los detenidos. La FGR, ante las evidencias mostradas, con nombres y apellidos por las entidades independientes Cubalex y Justicia 11J rectificó su mensaje. Reconoció que entre los detenidos hubo 27 menores de 16 años de edad, aunque el hijo de Fidel no se refirió a «los menores» en específico, y se limitó a acompañar su post con imágenes de los datos «rectificados» esta semana por la Fiscalía General de Cuba.
Los datos de la FGR, organismo que en la isla se encarga de velar por la buena marcha de la justicia en Cuba, desmentían a su vez las declaraciones hechas por el canciller cubano Bruno Rodríguez, quien previamente había asegurado que en Cuba no había menores de edad presos por manifestarse el 11J. Todos juntos, Canciller, Alex Castro y Fiscalía, niegan lo evidente: estaríamos hablando de centenares de presos de conciencia. Algunos que no actuaron violentamente, pero de algún modo u otro están siendo procesados por la Fiscalía.
Entre los menores se encuentra Jonathan Torres Farrat, un adolescente de tan solo 17 años que podría enfrentar hasta 7 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio, cuya madre, Bárbara Farrat, ha enfrentado de manera transparente a las autoridades encargadas por velar el correcto funcionamiento de la Justicia en Cuba, motivo por el cual fue amenazada ayer miércoles por agentes de la Seguridad del Estado.
Según relató Bárbara en una directa hecha en su perfil personal de Facebook, cuando ayer ella se disponía a salir de su casa, se encontró con los dos agentes, que le comunicaron que la estaban esperando para llevarla a la unidad policial a «hacerle una entrevista».
Según narró, no traían encima ni una citación formal siquiera.
«Cuando yo bajo las escaleras de mi casa, yo los tengo a ellos dos sentados en la sala de mi mamá como si ellos fueran parte de mi familia. Ellos no tienen necesidad de traerte una orden de arresto, una citación, nada, porque ellos son la dictadura, ellos son el poder», dijo Farrat en la directa.
«Los boté de mi casa, e incluso les dije que a partir de hoy me tienen que traer una citación mínimo con 72 horas de antelación. Yo estoy en mi derecho 100% tanto de defender a mi hijo como de botarlos de mi casa, yo no hice nada que no fuera ejercer mis derechos», alertó Farrat también, quien el pasado domingo fue detenida junto a varias Damas de Blanco y madres de presos políticos del 11J que salieron a pedir la liberación de los manifestantes encarcelados. Bárbara fue liberada horas más tarde y multada con 30 pesos cubanos.
Otra que fue citada a las oficinas de la Seguridad del Estado, pero en la ciudad de Santa Clara, fue la joven activista Saily González.
“Hoy tengo otra vez sesión de fotos, digo, citación con la instructora Yamilé. Esta vez la citación fue verbal, para las 11:00am, cosa que es posible según la nueva ley de procedimiento penal”, expresó Saily con evidente sarcasmo en su perfil de Facebook.
Según explicó más tarde, luego de regresar a su casa, la citación – una entre tantas hechas a otros activistas – para una misma hora, en distintos lugares, pudiera ser una estrategia del gobierno para desviar la atención mediática en las redes sociales principalmente y en la prensa independiente sobre los juicios, porque ni la oficialista ni la prensa extranjera radicada en la isla les están dando cobertura informativa.
Además de Saily y Bárbara, anteriormente mencionada, citaron también para la misma hora a los familiares de Andy Cruz, otro de los detenidos en Villa Clara por su participación en los sucesos del 11 de Julio. Igualmente fue citado Pedro López Mesa, suegro de los hermanos García Lorenzo, a quien citaron para este miércoles en compañía de su mujer y su hija de 14 años.
“Ellos saben que ni yo, ni Bárbara vamos a parar de hacer denuncias por las redes por mucho que nos amenacen”, dijo Saily en su directa, que pone en entredicho los entresijos e hilos de la justicia en Cuba.
La sociedad civil se articula para informar sobre los juicios
Activistas, familiares y miembros de la sociedad civil en general han «cubierto» al menos lo que sucede en las afueras de los tribunales y entre los papeles que van y vienen entre fiscalía y los abogados designados por las familias.
El hecho de que la Fiscalía General de la República haya tenido que salir públicamente a «aclarar» lo que era un grito a voces desde la isla para el mundo entero, se debe más que nada a la articulación, incipiente y a veces malograda, por los actores de la sociedad civil.
Son los mismos que provocaron que, por ejemplo, provocaron que en España se conociese del trato dado a los periodistas y fotógrafos de la agencia española EFE, la cual ha salido en Madrid a decir que, si las cosas en Cuba, para hacer periodismo continúan así, considerarán retirarse.
La Fiscalía intentó robarse así una legítimas víctoria de los activistas, periodistas independientes, familiares e internautas en general, y malograr así una «victoria popular», de las escasas que logra la justicia en Cuba, pero por más que su comunicado lo intente, hay otros hechos que siguen saliendo a la luz pública y que desmienten el sentimiento de «Justicia» que impera entre los encargados de ejercerla en la isla.
Hoy jueves se dio a conocer del decomiso de un paquete humanitario, enviado desde el exterior a Disney Azahares, hermana del manifestante del 11J, Dixán Gainza Moré.
El paquete fue decomisado en Aerovaradero en Camagüey y contenía, según ella, alimentos y medicamentos.
A pesar de que es notorio la crisis con alimentos y medicinas en la isla, especialmente dentro de las prisiones, oficiales de la Seguridad del Estado le decomisaron el paquete. La joven fue a la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y allí, luego de dos horas de espera, le ratificaron que el paquete sería decomisado. Luego procedieron a su apertura y vaciaron todo el contenido frente a ella.
¿Cómo la Seguridad del Estado conocía de la existencia de ese paquete en las oficinas de Aerovaradero en Camagüey? Ese es otro punto interesante.
Lo cierto es que grupos desde el exilio, envían ayuda humanitaria a familiares de los presos políticos en la isla. Alimentos y medicinas fundamentalmente.
La joven, que se quejó de haber sido detenida por segunda ocasión en esta semana, ahora por ir a recoger un paquete enviado desde el exterior.
«Yo no revisé el paquete. No sabía qué tenía el paquete. Ellos que son unos ladrones, empezaron a abrir paquetico por paquetico. Eran 10 paquetes de alrededor de 1 kilo de peso. Simplemente venía alimentos y medicamentos. Supongo que alguien lo hizo para mis abuelos que están enfermos. Yo desconozco quién lo envió», dijo la hermana de Dixán Gainza.
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