Gravar los precios en contexto de inflación creciente es echar gasolina al fuego, porque esos aumentos de impuestos se pagan en forma de precios más elevados por los consumidores o se absorben por los vendedores (en cuyo caso, pierden dinero, lo que no parece razonable).
En un caso o en otro, la inflación subirá”, opinó el economista cubano Elías Amor, residente en España, acerca de la aplicación del impuesto del 10% sobre las ventas agrícolas minoristas que entra en vigor hoy 7 de febrero.
Según la Resolución 16/2022 del Ministerio de Finanzas y Precios, recogida en la Gaceta Oficial de la República, se aplicará este “impuesto sobre las ventas minoristas con un tipo impositivo del 10 % a quienes comercialicen productos agropecuarios de forma minorista en mercados agropecuarios, en puntos de ventas pertenecientes a cooperativas de créditos y servicios, cooperativas de producción agropecuaria u otras formas de producción, incluidos los productores individuales, en ferias u otros eventos expresamente autorizados y en las unidades de comercio minorista autorizadas a adquirir y comercializar productos agropecuarios.”
Tal medida, para cuya implementación el referido Ministerio está facultado “cuando circunstancias económicas y sociales a su juicio así lo aconsejen”, según establece la ley, no resulta viable en “en el actual entorno inflacionario de 2022”, según declaró en sus redes sociales el economista Pedro Monreal, pues luego de haberse aplicado el pasado año, “no se conoce evidencia de algún posible efecto positivo entonces”.
Según el criterio de Elías Amor, en el momento presente resultaría mucho más adecuado y coherente dejar en cero dicha tasa impositiva de manera temporal, hasta que la inflación se reduzca y permita implementarla. Pues “nadie, en un contexto de inflación elevada, incrementaría los impuestos que recaen sobre el gasto de consumo”, afirmó el especialista, desde su perspectiva constante y crítica sobre los rumbos de la economía cubana.
Cuba llegó al año 2022 con una inflación “oficial” calculada del 70%, que apunta a mayores porcentajes en el campo económico informal de la isla, donde resulta más difícil calcular cifras con precisión dado su propio carácter solapado de tales redes comerciales so pena de sufrir medidas punitivas (multas o prisión) por parte de las autoridades.
Según el mismo Monreal, estos impuestos diarios detonará un nuevo aumento de los precios en los alimentos para compensar el pago, así como incrementará la ya muy marcada desigualdad adquisitiva de los cubanos, pues los “hogares con menores ingresos gastan en comida un porcentaje relativamente más alto de sus recursos”.
Como el gravamen es regresivo, no importará el monto ingresado pues el porcentaje a pagar permanece estático, afectará más a los comerciantes y productores que cuenten con menos recursos.
Es argumento común de las autoridades cubanas el “sufrimiento” del pueblo por las medidas restrictivas que los Estados Unidos aplica sobre empresas estatales, funcionarios y militares.
Y ahora este impuesto, cuya aplicación es responsabilidad absoluta de las autoridades de la isla, amenaza de la noche a la mañana con incidir negativamente sobre las tensas economías de la mayoría de los cubanos. Tal como la repentina implementación de la Tarea Ordenamiento a inicios de 2021, que provocó una explosión inflacionaria que colocó a Cuba a la cabeza de los índices globales.
