Robos, tráfico de personas, tráfico internacional de drogas, atentado, portación y tenencia y venta ilegal de armas, son algunos de los cargos imputados a los acusados.
Las penas varían según el grado de implicación de cada acusado, con las condenas más severas reservadas para los líderes de las redes.
En un reciente fallo judicial, varios cubanos fueron juzgados y condenados algunos a penas de hasta 28 años de privación de libertad por su implicación en una serie de actividades entre las que se encuentra la trata de personas y robos con violencia. En un caso juzgado en Santiago de Cuba, la petición fiscal ascendió hasta los 30 años.
Estos casos han causado gran conmoción en los medios cubanos – independientes o no -, revelando la gravedad y variedad de los delitos cometidos por estos ciudadanos y la respuesta del sistema judicial cubano.
Las sentencias emitidas por los tribunales de justicia son el resultado de una extensa investigación que destapó redes criminales de alto rango en la isla.
Santiago de Cuba
Según se informó en el NTV, un grupo de imputados en un proceso que se realizó en el tribunal provincial de Santiago de Cuba, involucrados todos, con distinto grado de participación, escucharon la petición fiscal de una sanción conjunta entre 20 y 30 años de privación de libertad por los delitos de tráfico internacional de drogas, atentado, portación y tenencia ilegal de armas, entre otros delitos. El Código Penal cubano prevé sanciones que oscilan entre los cuatro y 30 años de privación de libertad, sanción perpetua o muerte.
«En el caso del tráfico internacional de drogas existen sanciones que oscilan entre los 10 y 30 años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o la muerte», señaló a Granma Carlos Martín García, fiscal provincial del departamento de procesos penales de Santiago de Cuba.
Según indica el reportaje, las autoridades recibieron la ayuda del pueblo para lograr detener a los narcotraficantes y el organizador de la red, quienes pretendían desarrollar la operación en las costas del municipio Guamá del territorio oriental.
La cadena delictiva tenía establecida una base operativa en Jamaica y una contraparte en Cuba «que aseguraba la comercialización de la droga introducida al país por la vía marítima», indicó el portal informativo oficialista.
A los imputados se les ocupó «300 libras de marihuana, una suma amplia de dinero, teléfonos móviles, armas de fuegos, lanchas rápidas y otros objetos» entre los que se incluye un auto Lada y un ciclomotor eléctrico, reseña el portal.
El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba condenó a uno de los acusados a cinco años de prisión y al resto con penas que oscilan entre 20 y 28 años de privación de libertad.
El principal acusado en el juicio tenía intenciones de no solo introducir la droga en Cuba en esta ocasión, sino también de crear una base de apoyo y volver a ejecutar otras acciones similares con drogas sintéticas y cocaína.
La Habana
Granma en su nota informativa que sirvió como fuente para publicaciones posteriores insertó en el final de la nota, un video del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, donde se habla de otro caso juzgado en La Habana, que ilustra el alto grado de comprometimiento en diversos delitos por parte de los implicados.
Todo comenzó el pasado 3 de mayo, en la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, cuando un ciudadano con características sospechosas fue detenido en los controles migratorios.
Al investigarlo detenidamente, los oficiales de inmigración descubrieron que el individuo no era quien decía ser. En realidad se trataba de un individuo que estaba en libertad condicional y que se encontraba bajo investigación por las autoridades del Ministerio del Interior (Minint).
El sujeto, que portaba documentos de identidad falsos intentaba escapar del país.Comenzó así una investigación que culminaría con el arresto de varias personas más.
Una red de tráfico
El grupo criminal al que estaba afiliado el sujeto detenido en el aeropuerto, utilizaba la red social Telegram para contactar a las víctimas, a quienes luego amenazaban con armas blancas y de fuego, robándoles grandes sumas de dinero. En uno de los casos, hasta más de un millón de pesos.
En la red había, desde quien se dedicaba a captar las víctimas hasta aquellos que mediante el robo violento y la intimidación con armas, las despojaban de sus pertenencias.
La investigación reveló que la red criminal operaba a nivel nacional, utilizando métodos coercitivos y violentos para secuestrar y explotar a sus víctimas, que en su inmensa mayoría eran mujeres jóvenes, quienes luego hasta eran obligadas a participar en actividades ilegales bajo amenazas de violencia física y psicológica.
El final de la red de La Habana
Las autoridades cubanas, en colaboración con la Aduana General de la República y el Ministerio del Interior (MININT), lograron desmantelar esta red criminal y varias víctimas fueron liberadas.
Al menos siete personas –cinco hombres y dos mujeres– fueron condenados por promocionar servicios para la obtención de documentos migratorios falsos y participar en actividades ilegales asociadas con la trata de personas. Las sentencias dictadas van desde los cinco hasta los 28 años de privación de libertad; y todas están relacionadas con los delitos de tráfico de personas, falsificación de documentos y robo con violencia.
Los imputados fueron descubiertos tras vender documentación falsa para salir del país a un individuo con problemas legales pendientes, a cambio de una suma considerable de dinero, detalló el reporte.
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