El gobierno cubano hizo negocios con su par español para adquirir material antidisturbios por valor de 350.000 euros en el primer semestres de 2021, de acuerdo con un informe oficial sobre exportaciones de armamentos del país ibérico.
El ejecutivo encabezado por el socialista Pedro Sánchez autorizó la venta de los equipos para la policía cubana, aunque se desconoce si luego de la represión contra las protestas del 11 de julio en la isla se suspendieron esas entregas, detalla un reporte del diario El País.
En los últimos dos años España vendió a Cuba armamentos y material represivo valorados en 50.792, según las estadísticas de exportación de “material de Defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso”, que comprenden el período de 2019 y 2020, reconocieron medios españoles a mediados de este año.
En medio de una profunda crisis económica, profundizada por la pandemia de COVID-19 y las restricciones financieras que impone el embargo de Estados Unidos, el gobierno que preside Miguel Díaz-Canel emprendió una reforma monetaria que ha generado una notable inflación, con el consiguiente aumento del costo de vida para los cubanos.
La escasez de alimentos, medicamentos, oxígeno en los hospitales y productos vitales para el consumo social se juntaron a cifras récords de muertes por COVID-19 entre los meses de mayo y julio, lo que desató una ola de indignación n las redes sociales que llegó a su punto máximo el 11J, cuando miles de personas tomaron las calles de varias ciudades de Cuba en lo que constituyó la protesta antigubernamental más grande desde el “maleconazo”, en 1994.
El mandatario cubano reaccionó con dureza. Apareció en la televisión nacional para dar la orden de combate contra los manifestantes que fue tomada al pie de la letra por las fuerzas represivas.
Sin internet en toda la isla, las imágenes de los enfrentamientos violentos, las detenciones y el abuso policial tardaron una semana en darle la vuelta al mundo.
Varios gobiernos y organismos internacionales condenaron la respuesta de las autoridades cubanas y exigieron respeto al derecho de manifestación pacífica. Algunos fueron más allá y catalogaron al cubano como un “régimen dictatorial”.
En ese contexto la prensa y los partidos de oposición en España presionaron al ejecutivo de Sánchez para que se pronunciara contra la “dictadura comunista”, pero tanto el presidente como los voceros del gobierno español evitaron esos calificativos y se limitaron a pedir respeto a los derechos fundamentales en Cuba.
El daño estaba hecho. El gobierno de Díaz-Canel se había preparado con antelación para la crisis que generó el llamado “ordenamiento” con la ayuda del material represivo facilitado por España.
