El Grupo Archipiélago denunció el acoso constante de las autoridades cubanas contra ciudadanos residentes en la isla que se sienten identificados con el grupo, y sobre todo contra aquellos que han manifestado su intención de marchar el próximo 15 de noviembre por las calles de, al menos, ocho ciudades del país.
Archipiélago denunció el acoso a través de un comunicado y exigió el cese de la persecución por razones políticas.
El texto íntegro del comunicado fue publicado en la red social de Facebook, y en él puede leerse lo siguiente, que constituye un resumen de su denuncia.
«Denunciamos toda forma de acoso a la ciudadanía por parte de las autoridades. Exigimos el cese de toda forma de persecución por razones políticas y que se respeten los derechos humanos y constitucionalmente reconocidos».
El grupo Archipiélago es una plataforma de la sociedad civil, principal promotora de la marcha pacífica por el cambio que está programada para el 15 de noviembre, y la cual ha sido calificada por el régimen cubano como un intento de subvertir el socialismo en la isla.
En la denuncia se se señala y queda recogido cómo la Seguridad del Estado cubana ha estado citando uno por uno a los firmantes de la carta, que a modo de solicitud se entregó en ocho intendencias municipales en distintas provincias del país. Presuntamente estos firmantes marcharán todos el 15 de noviembre, en lo que el gobierno de la isla considera «un desafío» y una «ilegalidad».
«¿Cuál puede ser la motivación para que ciudadanos honrados sean citados de esta manera? ¿Ven acaso algún peligro en el ejercicio de los derechos humanos que nuestra Constitución reconoce y ampara?», se preguntan en el comunicado los integrantes de Archipiélago, donde le recuerdan al mismo gobierno que dirigir este tipo de peticiones a gobiernos locales e intendencias municipales es un derecho refrendado en en el artículo 61 de la Constitución de 2019.
El comunicado explica además que constituye un derecho -reconocido por la Constitución también (Artículo 54)- firmar cartas de apoyo o expresar apoyo de manera pública a determinado grupo; y reafirman que «manifestarse es un derecho reconocido en la Constitución en su artículo 56».
Denuncia sobre el acoso del Departamento de Seguridad del Estado.
El texto íntegro del comunicado, que puede verse en la plataforma Archipiélago es el siguiente:
Llega a nuestro conocimiento que el Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) ha comenzado a citar a varios ciudadanos de manera aleatoria para “conversatorios” e interrogatorios con motivo de la Marcha Cívica programada para el 15 de noviembre. Las citaciones hasta la semana pasada habían sido dirigidas hacia los coordinadores del grupo Archipiélago, firmantes de las cartas a las intendencias y gobiernos provinciales, familiares y allegados. Ahora, en una conducta carente de sentido, han comenzado a citar al azar a los firmantes de la lista de apoyo a la marcha, la cual abarca más de 1200 personas, e incluso a aquellos que han expresado en redes su apoyo a la iniciativa cívica del 15N.
¿Cuál puede ser la motivación para que ciudadanos honrados sean citados de esta manera? ¿Ven acaso algún peligro en el ejercicio de los derechos humanos que nuestra Constitución reconoce y ampara?
No escapa a nuestro conocimiento, pues así lo han hecho constar públicamente las autoridades y dan testimonio de ello varios de los interrogados, que pretenden evitar que los individuos expresen apoyo al 15N, que publiquen o comenten sobre el 15N, les advierten que manifestarse es ilegal y les recriminan haber dado su firma para apoyar la iniciativa de la Marcha Cívica.
Es nuestro deber ciudadano recordarle a las autoridades de la DSE que suscribir cartas dirigidas a intendencias o gobiernos locales, ya fueran para petición o queja, constituye un derecho reconocido en el artículo 61 de la Constitución de 2019; que firmar cartas de apoyo o expresarlo públicamente es un derecho reconocido en la Constitución en su artículo 54; que manifestarse es un derecho reconocido en la Constitución en su artículo 56.
También queremos hacer constar a las autoridades que la Constitución en su artículo 41 “reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para todos”. Que la Constitución reconoce en su artículo 42 que todas las personas son iguales ante la ley, reciben el mismo trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana, lo cual incluye la no discriminación por razones políticas.
Las personas que han apoyado de alguna forma la iniciativa de la Marcha Cívica por el Cambio no lo han hecho a nombre de organización política alguna, sino en ejercicio de los derechos que como ciudadanos les asisten. Indagar sobre las motivaciones o intenciones personales para hacerlo es a todas luces irrelevante en tanto ninguno ha cometido delito. La única intención que debe constar a las autoridades es la que se ha hecho pública y se ha remitido expresamente, respecto a los motivos de la Marcha Cívica por el Cambio, la cual reproducimos a continuación: “contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.”
Si las autoridades tienen preocupación con respecto a que los ciudadanos cubanos manifiesten su descontento con la situación actual del país, con el deplorable tratamiento a los que disienten, con las violaciones de los derechos humanos y que denuncien públicamente todas las violaciones y deficiencias del sistema imperante en Cuba, entonces no nos den motivos.No es el ejercicio de los derechos constitucionalmente refrendados lo que pone en peligro el orden establecido, sino la irresponsable gestión del gobierno y el proceder arbitrario de las autoridades; la persistencia y agravamiento de estos problemas, lejos de desanimar nuestra intención de manifestarnos la fortalece.
Por este medio y sabiendo que la razón y la ley nos asiste:
Denunciamos toda forma de acoso a la ciudadanía por parte de las autoridades.
Exigimos el cese de toda forma de persecución por razones políticas y que se respeten los derechos humanos y constitucionalmente reconocidos.
Agradecemos a la ciudadanía por su civismo y por la solidaridad mostrada con las víctimas del acoso del DSE.
Uno de estos estudiantes universitarios acosados por la Seguridad del Estado es ePedro Sosa Tabío, alumno de quinto año en la Facultad de Comunicaciones, a quien la Seguridad del Estado le sugirió no saliera a la calle el 15N y se mantuviera «tranquilito en casa”.
En un post que publicó el estudiante en la red social de Facebook este domingo, Pedro Sosa Tabío calificó la citación recibida como «el papelito del miedo», al tiempo que detallaba que la recibió apenas minutos antes, con lo cual, de no haber podido estar a tiempo para la «entrevista» incumpliría y podría ser multado por ello.
“El nuevo papelito del miedo. Me acaban de citar a la estación de policía, con apenas una hora de antelación, para una ‘entrevista’. Esto es parte de una campaña masiva de coacción contra decenas de personas”, denunció el joven en Facebook.
La citación tuvo que ver con su firma, que quedó estampada en el documento promovido por el Grupo Archipiélago.
El joven detalló luego cómo fue su entrevista.
“En mi ‘entrevista’ de hoy hablé con unos jóvenes muy amables del Departamento de la Seguridad del Estado, que -entre sus amabilidades-, llamaron descarado y asalariado de los EEUU a Yunior García Aguilera”, desveló.
La estrategia de desacreditar a García Aguilera, uno de los líderes de la plataforma Archipiélago, fue la táctica empleada por estos otros jóvenes – también – agentes de la Seguridad del Estado.
Un ex agente de la SE retirado y residente en Madrid, explicó a Cubacomenta que esta estrategia, de usar como entrevistadores a agentes con edades similares a los detenidos se usa para generar estado de empatía en el interrogatorio.
O «entrevista», como la llama la Seguridad del Estado.
Sosa Tabío se mostró muy molesto y casi se pudiera decir que decepcionado porque los entrevistadores lo calificaron a él y al resto de los jovenes como tontos.
«Nos trataron a los demás como una masa tonta y acrítica que sigue su influencia como pollitos a su mamá; me ‘aconsejaron’ que el #15N me quedara tranquilito en casa, que saliera del grupo de Facebook de #Archipiélago; y me recordaron constantemente que ‘no me estaban amenazando’, pero me pidieron -ellos, que tanto se preocupan por uno- que pensara en mi graduación y en mi carrera”, dijo el joven, que cursa su último año en la carrera de Comunicación.
Una estudiante de su aula, que declinó dar su nombre a Cubacomenta dijo que entre sus compañeros de aula circula más que el rumor, la preocupación de lo que pueda pasar con el joven Sosa Tabío.
La joven dijo que, en un caso así, hasta pudieran aplicar la táctica de no ser ellos los que decidan su expulsión, sino sus propios compañeros de aula, o del curso, y recordó el caso de la joven cienfueguera Karla María Pérez Gónzalez.
«En ese caso, estaríamos todos bajo presión; todos, las carreras de todos, todos en tésis… todos a punto de graduarnos; todos a punto de tirar estos 5 años por la borda. Es una presión enorme, y una situación muy difícil. Yo no soy ni de Archipiélago, y no firmé carta alguna por eso mismo: por miedo, no fuera a ser que se me jodiera la carrera, que es lo único que tengo: agarrar una beca (maestría o doctorado) e irme del país,» explicó.
Otras entidades, organismos y organizaciones respaldan a Archipiélago.
Preocupados por el rumbo que están tomando las decisiones anticonstitucionales en la isla, donde de la noche a la mañana fue elegido el yerno de Raúl Castro como Parlamentario por un municipio y una provincia que no debe haber visitado mucho en su vida, Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), propuso este lunes una Constituyente Ciudadana que «otorgue supremacía a la Carta Internacional de Derechos Humanos.»
A través de un comunicado, el CTDC dijo que «es urgente transitar de una Constitución ideológica a una asentada en el Estado Constitucional Democrático de Derecho», en lo que sin dudas constituye un espaldarazo al Grupo Archipiélago y al cada vez más creciente movimiento de activistas anti sistema en la isla.
Enfocado en hacer recordar los derechos que le asisten a todos los cubanos que viven bajo el acoso de la Seguridad del Estado y de los grupos afines al gobierno de Díaz-Canel, el CTDC calificó de legal la venidera marcha por el 15N.
«Este debate se impone como necesidad imperiosa y respuesta ante la grave situación de Cuba en todos sus ámbitos,» indica además el texto, que en 14 puntos detalla quirúrgicamente la situación imperante en la isla, según detalla el medio Cibercuba, que tuvo acceso al documento de forma íntegra.
CIDH también se pronuncia sobre situación de acoso, represión y encarcelamiento en Cuba
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó el pasado jueves un análisis sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, donde destacaron varias de las violaciones que, en materia de derechos humanos se han cometido en la isla con posterioridad al 11 de julio.
Varias organizaciones y líderes de algunos de estos grupos participaron en la reunión, entre los cuales se encontraban, entre otros, Cubalex, Cuba Decide, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Especial atención suscitó la intervención de la jurista Laritza Diversent, del Bufete de Abogados Cubalex, quien documentó algunos de los 1130 casos de personas detenidas con posterioridad al 11 de julio, y que al decir de algunos de los familiares, que participaron en la reunión, se encuentran sufriendo tratos violatorios a sus derechos humanos dentro de la prisión, físicos, e incluso jurídicos, que además afectan física y espiritualmente no solo a los detenidos, sino también a sus familiares.
“Varias personas excarceladas denunciaron actos de tortura y malos tratos entre los que se pueden mencionar golpizas, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual y uso de canes para amedrantar. Fueron obligados a desnudarse y gritar consignas a favor de la ‘revolución’ como ‘Viva Fidel’ y ‘Viva Díaz-Canel’”, confirmó la jurista Laritza Diversent, directora de Cubalex.
Diversent detalló además cómo alguna de estas personas sufren enfermedades crónicas, y dentro de la prisión no cuentan con el acceso a los medicamentos; incluso en casos de pacientes que tienen VIH, a los que no se les ha suministrado los llamados retrovirales, entre otros medicamentos que necesitan.
Entre los datos aportados por Diversent en su testimonio están los siguientes:
De los 1130 casos documentados, al menos 326 personas tienen edades que oscilan entre 14 y 30 años. De ellas, 159 todavía permanecen privadas de libertad, dos son menores de 16 años, en centros correccionales, y ocho mayores de 16 y menores de 18. En el caso de los menores, «el Estado ha incumplido su obligación de aplicar los estándares sobre justicia,» explicó Diversent.
Unas 185 mujeres sufrieron detención y 61 continúan presas. Varias de ellas son madres solteras. Al menos una, amamantaba a su bebé recién nacido, cuando fue arrestada.
(Ver la reunión aquí)
Noticia Cubacomenta hoy: Díaz-Canel se empecina en desacreditar las protestas pacíficas
